La Fundación DILO Colombia y Mauricio Pava Abogados presentaron ante el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro una solicitud para que el Consejo de Estado evalúe nuevos hechos de violencia ocurridos en territorios con presencia de estructuras armadas ilegales. La petición busca respaldar la suspensión provisional de la Resolución 471 de 2025, norma mediante la cual el Gobierno Nacional creó Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, donde ingresarían miembros del 'Ejército Gaitanista de Colombia'.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?
Las Zonas de Ubicación Temporal son áreas delimitadas en las que el Gobierno permite la concentración de grupos armados ilegales en el marco de procesos de paz o sometimiento. La Resolución 471 de 2025 las habilitó en tres municipios del Urabá y el sur de Córdoba como parte de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
Los argumentos de la solicitud
Los solicitantes señalan que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-525 de 2023, condicionó la creación de estas zonas a dos requisitos: la existencia previa de una ley de sometimiento aprobada por el Congreso y una etapa avanzada del proceso judicial correspondiente. Según los demandantes, ninguna de las dos condiciones se cumplió antes de expedir la resolución.
El asesinato de Mateo Pérez como evidencia
Entre los hechos que los demandantes presentan como evidencia de los riesgos que advirtieron desde 2022 figura el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 25 años, ocurrido en zona rural de Briceño, Antioquia, mientras ejercía labores de reportería. A juicio de los solicitantes, el crimen ilustraría los peligros que enfrentan la prensa y la ciudadanía en territorios donde, según su argumento, grupos armados han reemplazado la presencia del Estado.
El crimen del periodista Mateo Pérez es una muestra clara de los riesgos que corren la prensa y la ciudadanía en zonas donde el Estado ha sido reemplazado por grupos armados.