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Polémica en Antioquia: Cambios en la Junta Directiva de la FLA desatan sospechas de privatización

El proyecto de ordenanza que modifica la composición de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia genera un intenso debate político, con denuncias de privatización y respuestas oficiales que defienden la legalidad del ajuste.

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Foto: La voz del país

Un operativo sin precedentes en la política antioqueña se vive con la propuesta de modificación a la Junta Directiva de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), que ha prendido las alarmas en la región.

La Asamblea Departamental continúa el debate sobre el Proyecto de Ordenanza No. 4 de 2026, iniciativa que busca cambiar la composición de la Junta Directiva de esta emblemática empresa pública.

«Aprobar esta ordenanza es abrir la puerta a la privatización de la FLA», advierte el diputado Manuel María García Lozano, señalando que la mayoría de la junta quedaría en manos privadas.

Desde la oposición, se denuncia que la propuesta permitiría que la junta directiva esté conformada por tres miembros independientes del sector privado designados por el gobernador, desplazando así la representación pública actual.

El diputado Luis Peláez enfatiza la importancia económica de la FLA, que en 2025 vendió 73,2 millones de botellas y transfirió 1,2 billones de pesos para salud, educación y deporte, y advierte el riesgo que implica modificar el equilibrio de poder en la junta directiva.

  • La junta directiva pasaría de cinco miembros con tres públicos y dos privados a tres privados y dos públicos.
  • Los miembros privados tendrían un periodo fijo de cuatro años con restricciones para su remoción.
  • El nuevo gobernador en 2027 no podría cambiar a estos miembros durante 2028, año clave para la elección de distribuidores de la licorera.

El documento oficial del proyecto asegura que la FLA continuará siendo una empresa 100% pública, pero el artículo 8 y su parágrafo 1 generan controversia por la inclusión y blindaje de miembros privados en la junta directiva.

La Gobernación de Antioquia rechaza las acusaciones y sostiene que la participación privada en juntas directivas es legal y busca fortalecer el gobierno corporativo para hacer la empresa más competitiva.

El gobierno departamental enfatiza que la privatización solo ocurre cuando el patrimonio público se transfiere a privados, algo que no sucede en esta propuesta, e invita a analizar el proyecto desde la legalidad y transparencia, evitando interpretaciones equivocadas.

Mientras tanto, el debate político continúa encendido en Antioquia, con la FLA en el centro de la discusión sobre el futuro de una de las empresas públicas más importantes del departamento.

La voz del país

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