Una investigación de EL TIEMPO reveló que el Gobierno Nacional ha suscrito 80.736 contratos directos por un valor superior a los $31 billones con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos. Esta modalidad de contratación, que fue eliminada por la Corte Constitucional, ha generado un intenso debate político.
Reacciones contundentes de la oposición
El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó la falta de rigor técnico en la adjudicación de estos contratos y denunció el uso del Estado como una caja menor para alimentar la maquinaria electoral del Gobierno. En su cuenta de X, Fajardo afirmó que la entrega directa de $31 billones evidencia prácticas clientelistas y corrupción.
Por su parte, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y también aspirante presidencial, calificó la situación como “politiquería encubierta” y alertó sobre el uso de la contratación pública para obtener respaldo político. Señaló que esta modalidad es una evolución del “empleo militante” hacia la “contratación militante” con asociaciones populares.
El exsenador David Luna también se pronunció, advirtiendo que aunque la participación comunitaria es importante, no debe ser utilizada como escudo para bajar las exigencias técnicas, abrir la puerta al despilfarro y debilitar la competencia. Luna enfatizó la necesidad de cuidar y respetar los recursos públicos.
Detalles del millonario esquema de contratación
- Más de 25 billones de pesos invertidos en 55.434 contratos con asociaciones comunales.
- Más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios.
- Más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos.
- Más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos.
- Más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal.
- Más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
De los contratos con asociaciones comunales, sólo una minoría ha sido terminada, mientras que la mayoría permanece en estados como “celebrado”, “modificado” y en ejecución. La Contraloría ha emitido alertas sobre la falta de avance en las obras públicas y el manejo de estos recursos.
El impacto en la comunidad y la política nacional
Este escándalo pone en el centro del debate el uso político de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal. La investigación ha movilizado a diversas voces políticas que exigen mayor control y responsabilidad en la administración del dinero público.