Un operativo sin precedentes en la arena política nacional se desató luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera públicos informes de inteligencia que señalan posibles reuniones entre el candidato presidencial Abelardo De la Espriella y los hermanos Bautista, principales accionistas de Thomas Greg & Sons.
Según el mandatario, estas reuniones tendrían la intención de favorecer a De la Espriella en las elecciones presidenciales a cambio de devolver el contrato relacionado con la emisión de pasaportes, un hecho que ha generado gran controversia en el contexto electoral.
La campaña de Abelardo De la Espriella reaccionó de inmediato y solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue las presuntas interceptaciones telefónicas que habrían dado origen a estas denuncias, buscando esclarecer la veracidad de las acusaciones y proteger los derechos del candidato.
La campaña de Abelardo de la Espriella pide a la Fiscalía investigar presuntas interceptaciones tras declaraciones del presidente Gustavo Petro.
Este episodio ha encendido el debate sobre la legalidad y ética en el manejo de la inteligencia estatal durante procesos electorales, además de poner en el centro del análisis la transparencia y la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la democracia.