Casi un año antes de que se destapara el escándalo del ‘parrandón’ vallenato en la cárcel de Itagüí, con capos que estaban negociando con el Gobierno el desarme de sus estructuras, a Palacio fue remitido un documento que detallaba peticiones indebidas y supuestas irregularidades en la custodia de presos de alta peligrosidad que hacían parte de esos procesos.
La carta fue remitida por el Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Ángela María Buitrago, en marzo de 2025, y exponía una serie de preocupaciones sobre la implementación de las mesas de diálogo de la ‘paz total’ que, un año después, terminaron materializándose.
Las alertas que llegaron a Palacio
En el documento, al que tuvo acceso EL TIEMPO, se advierte que desde Minjusticia se estaban realizando estudios sobre temas como la extorsión o el reclutamiento forzado de menores de edad, como insumos para poner talanqueras a los grupos que estaban negociando.
El Ministerio bajo mi cargo ha realizado una investigación preliminar sobre el tema de reclutamiento forzado, entendiendo la problemática y el aumento, sobre todo la actuación de grupos criminales que apelan a este mecanismo para engrosar sus filas. Lo anterior se recoge como forma de tener insumos para definir las actuaciones y los límites con las organizaciones criminales que apelan al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Uno de los reparos hechos desde el Ministerio fue la inoperancia de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, creada a través del decreto 2422 de 2022 y encargada de definir los voceros de paz.
“Esta comisión no ha sido convocada, por lo menos desde que asumí en julio de 2024, lo cual hace necesario tener presente que está prevista una instancia colegiada para definir estos aspectos”, en referencia a las mesas de diálogo.
También se señalaba que, en los informes rendidos por exfuncionarios encargados de esta instancia de cooperación, “no existe rastro de actuaciones en donde se haya hecho uso de este decreto”.
Peticiones problemáticas y riesgo de fortalecer el crimen
En el documento también se le pide al Presidente reglamentar y evaluar cada uno de los procesos de paz con los grupos armados para “determinar las obligaciones y la verificación del cumplimiento de los acuerdos, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-523 de 2023”.
Sobre este punto, se enumeraron una serie de irregularidades, entre estas “peticiones problemáticas, que pueden estar siendo contraproducentes y generando prerrogativas a líderes o grupos de crimen organizado que están buscando restablecer su poderío y, al reunirse, logran concentrar el poder, aliarse con otros jefes y fortalecer estructuras que habían sido desintegradas”, dice el documento.
En este contexto, me permito manifestarle que se han recibido peticiones de personas que pretenden evitar las normas de control del centro carcelario, y por ello resulta importante informarle que como ministra de Justicia he impartido instrucciones para que se cumplan a cabalidad las reglas de control, registro y búsqueda de elementos prohibidos que impidan la comisión de delitos, dando cumplimiento al marco normativo constitucional, legal y reglamentario, ajustado al derecho fundamental al debido proceso.
La razón por la que no se cedía a concesiones de este tipo, dice el documento, era porque “permitir preferencias o impedir operaciones contra grupos determinados o indeterminados puede ser nocivo y atentar contra la seguridad de grupos sociales internos y externos”.
La carta concluye señalando que, aunque la implementación de la política de paz es competencia del Presidente y la Oficina del Alto Comisionado, desde el Ministerio de Justicia se deben “advertir los aspectos que pueden ser complejos o problemáticos y que podrían generar acciones violentas y desprotección para la población”.
Un año después: el 'tarimazo' y el 'parrandón'
Un año después, el Gobierno ordenó suspender las órdenes de captura de 23 capos de las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá que negocian con el Ejecutivo y que estuvieron al lado del Presidente en el polémico ‘tarimazo’ de La Alpujarra.
Así mismo, se destapó una serie de gabelas y beneficios intercedidos por la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta ante el Inpec para estos cabecillas, así como laxitudes en su custodia que derivaron en el polémico parrandón vallenato en la cárcel de Itagüí, en abril pasado.
Y, sumado a ese rosario de alertas, se profundizó la crisis de los grupos armados que, en medio de los procesos de negociación y desarme, siguieron delinquiendo.