La Fiscalía General de la Nación decidió suspender por seis meses, con posibilidad de prórroga, las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esta medida se tomó en el marco del espacio sociojurídico de conversaciones de paz que se llevan a cabo en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Proantioquia, gremio empresarial de la región, se pronunció rechazando esta decisión y advirtió que representa un golpe a la confianza de la ciudadanía. Según el gremio, la suspensión de las órdenes de captura siembra zozobra en la comunidad, afecta a las víctimas de estos grupos criminales y genera incertidumbre de cara a las próximas elecciones.
'Se siembra zozobra', manifestó Proantioquia al expresar su preocupación por los efectos que esta medida puede tener en la seguridad y la justicia.
Este pronunciamiento se suma a la polémica generada por la decisión de la Fiscalía, que busca facilitar los diálogos de paz con los cabecillas implicados, pero que ha sido cuestionada por sectores que consideran que puede debilitar la lucha contra la criminalidad en la región.
El caso ha sido ampliamente cubierto, incluyendo la publicación de expedientes desclasificados que detallan las condenas, extradiciones y nexos de estos 23 capos involucrados en la mesa de paz.