Un operativo sin precedentes en la salud pública
La Procuraduría General de la Nación reveló que el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Picó, un niño de siete años con hemofilia, ocurrió debido a una negligencia por parte de Nueva EPS. La entidad estatal no garantizó el suministro oportuno del medicamento Emicizumab, vital para controlar la enfermedad del menor, lo que lo puso en una situación clínica crítica.
Kevin estuvo sin recibir este medicamento durante dos meses porque la IPS Medicarte suspendió el suministro por falta de pago de Nueva EPS. Posteriormente, el servicio fue trasladado a la IPS Integral, pero la situación no mejoró debido a que tampoco recibió los recursos necesarios para garantizar la entrega.
El impacto en la comunidad y la respuesta institucional
El caso de Kevin Acosta ha generado un choque frontal con la versión inicial del Gobierno, que atribuyó la muerte a una caída que, según señalaron, la familia debía haber prevenido. El ministro de Salud y el presidente Gustavo Petro indicaron que la familia tenía responsabilidad en la restricción de actividades del niño para evitar riesgos.
La madre del menor explicó que rechazó una cirugía recomendada tras el accidente, debido al alto riesgo de hemorragia masiva por la falta del medicamento protector, una decisión que evidencia la crítica situación médica en la que se encontraba Kevin.
Kevin sufrió una caída el 8 de febrero que le provocó hemorragias abundantes y fue trasladado de urgencia a varios hospitales, falleciendo el 13 de febrero en Bogotá en condiciones críticas.
- El último suministro de Emicizumab fue el 14 de diciembre de 2025.
- Nueva EPS es responsable de la atención de más de 11 millones de personas.
- La Procuraduría abrió investigación contra Óscar Galvis, interventor de Nueva EPS.
- Al menos 2.000 pacientes más podrían estar en alto riesgo por falta de atención médica.
- El informe será remitido a la Fiscalía para investigaciones penales.
“La falta de suministro del medicamento Emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica”, afirmó la Procuraduría.
Este caso pone en evidencia las falencias estructurales en el sistema de salud colombiano y la urgente necesidad de garantizar la atención eficiente a pacientes vulnerables, mientras el Gobierno enfrenta críticas por la gestión de las EPS intervenidas.