El nuevo esquema de emisión de pasaportes para colombianos, lanzado oficialmente el 1 de abril de 2026, enfrenta cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación, que pidió suspender varios contratos relacionados con la alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El ente de control señala riesgos significativos en la estructuración y manejo presupuestal del proyecto.
Riesgos en la gestión pública y operativa
La Procuraduría ha expresado preocupación por la falta de claridad en el uso de dineros públicos y el manejo de vigencias futuras que comprometen presupuestos de períodos gubernamentales futuros. Además, advierte incertidumbre sobre la capacidad de la Imprenta Nacional para atender la creciente demanda anual de solicitudes, lo que podría generar retrasos y afectar los trámites migratorios.
Asimismo, varias aseguradoras privadas rechazaron emitir pólizas para este contrato dada su magnitud y riesgos, lo que llevó a buscar alternativas que, según la Procuraduría, no garantizan la protección adecuada ante incumplimientos masivos.
Innovaciones tecnológicas y diseño con identidad nacional
El Gobierno defiende el nuevo pasaporte, que cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y cuenta con avanzadas medidas de seguridad como relieves, tintas especiales, microchip biométrico, sistemas de lectura encriptada y microtextos de alta seguridad. Además, cada página refleja la biodiversidad y cultura colombiana con elementos icónicos que resaltan la identidad nacional.
Pese a estos avances, la Procuraduría sostiene que el atractivo diseño no compensa los riesgos legales y financieros detectados, por lo que insiste en suspender ciertos procesos hasta garantizar total transparencia en la ejecución.
El debate sobre la soberanía tecnológica frente a la eficiencia administrativa permanece abierto, mientras las acciones judiciales podrían modificar el rumbo de los trámites de viaje para millones de colombianos en los próximos meses.