La Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por los hechos ocurridos el pasado 30 de abril durante las protestas de la comunidad indígena Emberá, en las cuales se reportó la participación forzada de niños, niñas y adolescentes.
Durante estas manifestaciones, que incluyeron el asedio a edificios del Ministerio del Interior y bloqueos a funcionarios, el ministro Armando Benedetti calificó la situación como un intento de secuestro. La Procuraduría alertó sobre la grave instrumentalización de menores en estas acciones.
“Se habrían evidenciado menores expuestos en vías públicas, en condiciones de alta vulnerabilidad y sometidos a un riesgo inminente para su vida e integridad.”
El procurador Gregorio Eljach comunicó a la fiscal Luz Adriana Camargo que los niños y adolescentes fueron usados como “instrumentos de coacción” e incluso como “escudos humanos”, situación que representa una violación directa al artículo 44 de la Constitución y a la Ley 1098 de 2006, que protegen los derechos de la infancia.
La Procuraduría resaltó que este uso indebido no solo pone en riesgo la integridad de los menores, sino que también puede constituir un delito tipificado en el artículo 188D del Código Penal, el cual sanciona la utilización de niños y adolescentes para cometer actos delictivos.
- Niños y niñas fueron expuestos en escenarios de alto riesgo durante las protestas.
- Se utilizaron como escudos humanos y herramientas de presión.
- La conducta vulnera el interés superior de la niñez y normas nacionales.
- La Procuraduría exige investigación rápida para identificar y sancionar responsables.
- Rechazo categórico a la violación de derechos humanos de la niñez.
Finalmente, la Procuraduría reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y anunció que continuará vigilando y actuando en defensa de los derechos de los menores en todo el país.