En una directiva conjunta emitida este martes, la Procuraduría y la Contraloría solicitaron al gobierno del presidente Gustavo Petro que entregue un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos durante su administración. La medida se produce tras la segunda vuelta electoral que dejó como presidente electo a Abelardo de la Espriella, quien avanza en el proceso de empalme.
El alcance del informe exigido
A través de la Directiva 001 de 2026, la Contraloría y la Procuraduría resaltaron que Petro no solo deberá reportar los recursos ya ejecutados, sino también aquellos que están pendientes. El informe debe incluir la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión de recursos financieros, humanos y administrativos asignados.
El informe debe incluir la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
Fundamento legal y consecuencias del incumplimiento
La exigencia se ampara en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 951 de 2005. Esta última norma establece que si un servidor público se abstiene de elaborar los informes, podrá ser llamado por la autoridad competente para que lo haga. Los entes de control advirtieron que el incumplimiento de los reportes podría acarrear consecuencias legales.
El objetivo del empalme con el nuevo gobierno
La idea es que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda conocer las obligaciones institucionales que asumirá desde el 7 de agosto, cuando inicie su mandato. Este balance permitirá a los gobernantes entrantes trazar una hoja de ruta con lo que debe mantenerse, ajustarse o eliminarse. Los contratos dejados por Petro en distintas etapas también deberán ser verificados y sustentados de manera clara y precisa.
- Estado de avance de los procesos contractuales en curso.
- Contratos con obras, bienes o servicios que presenten dificultades de ejecución.
- Incumplimientos, controversias o procedimientos administrativos sancionatorios en trámite.
El documento final sobre la gestión de los últimos cuatro años deberá ser exhibido públicamente para que la ciudadanía lo conozca.