La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas sobre la situación del Páramo de Santurbán al denunciar que los retrasos acumulados durante más de ocho años en el proceso de delimitación de este ecosistema habrían favorecido un incremento de la minería ilegal en la zona.
Ante este panorama, los organismos de control anunciaron que trasladaron un informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la problemática y determine las responsabilidades correspondientes.
Un informe que revela falencias estructurales
El Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento de la Procuraduría y la Defensoría concluye que persisten retrasos y falencias estructurales en el proceso liderado por el Ministerio de Ambiente. El documento, que ya está en manos de la Fiscalía, documenta posibles impactos sobre el ecosistema y la falta de avances significativos en la delimitación del páramo.
Los retrasos acumulados durante más de ocho años en la delimitación del Páramo de Santurbán habrían favorecido un incremento de la minería ilegal en la zona.
El llamado de atención de los entes de control se suma a las preocupaciones de organizaciones ambientales y comunidades locales, que han denunciado la expansión de actividades mineras no reguladas en este ecosistema estratégico, clave para la regulación hídrica de la región.