A menos de 24 horas de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, y en medio del desconocimiento de los mismos por parte del presidente Gustavo Petro, los promotores del referendo que busca frenar una asamblea constituyente y un grupo de reconocidos juristas solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación adoptar medidas urgentes para garantizar el adecuado desarrollo del escrutinio y proteger el cumplimiento de los tiempos constitucionales previstos para la segunda vuelta presidencial.
La petición fue suscrita por Mauricio Pava Lugo y Sergio Bueno Aguirre, promotores del referendo en defensa de la Constitución, junto con el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera.
Preocupación por las declaraciones que ponen en duda el proceso electoral
En el documento, los firmantes expresan preocupación por las recientes declaraciones en las que se ha puesto en duda la integridad del software electoral, la legitimidad del preconteo y la transparencia del proceso sin que, según afirman, se hayan presentado pruebas que respalden dichas acusaciones. A juicio de los solicitantes, estas afirmaciones pueden afectar la confianza pública y generar actuaciones que obstaculicen o retrasen la consolidación de los resultados oficiales.
La comunicación recuerda que el artículo 190 de la Constitución establece un término fijo e inmodificable para la realización de la segunda vuelta presidencial y advierte que cualquier dilación indebida en el proceso de escrutinio podría comprometer el normal desarrollo del calendario electoral.
Antecedentes judiciales por desinformación
Adicionalmente, durante meses, el presidente y su movimiento político han sostenido narrativas de fraude y cuestionamientos a los software de preconteo y escrutinio. Por estos cuestionamientos, ya existe un proceso judicial en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con decisión del 10 de abril de 2026, determinó que todas constituyen desinformación que pone en riesgo el proceso democrático. El Tribunal estableció que nunca se probó la existencia de fraude, que el software de escrutinios carece de las fallas de seguridad que el presidente le atribuye, y que el Consejo de Estado jamás le ordenó a la Registraduría comprar un nuevo software. Con base en ello, le ordenó rectificar sus declaraciones y abstenerse de repetirlas sin evidencia sólida de cara a las elecciones del 31 de mayo y la eventual segunda vuelta del 21 de junio.
Las declaraciones del día de las elecciones repiten exactamente la conducta que originó esa orden judicial y constituyen un nuevo episodio injustificable de incumplimiento de una decisión judicial vigente, precisaron.
Solicitudes concretas al CNE y a la Procuraduría
Por esa razón, solicitaron al Consejo Nacional Electoral informar el protocolo vigente para el desarrollo del escrutinio, garantizar la habilitación de los mecanismos necesarios para su culminación oportuna y adoptar las medidas requeridas para que la declaratoria oficial de resultados se produzca dentro de los tiempos constitucionales.
Asimismo, pidieron a la Procuraduría General de la Nación intervenir para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y convocar de manera urgente una Mesa de Garantías Electorales con participación de las autoridades y campañas presidenciales, con el propósito de preservar la confianza ciudadana y la transparencia institucional.
“Las elecciones terminan en las urnas, pero la democracia no termina el día de las votaciones. La democracia también exige que los resultados se consoliden dentro de los tiempos constitucionales y que las instituciones puedan cumplir su función sin presiones, amenazas o cuestionamientos sin sustento probatorio”