A ocho días de finalizar esta legislatura (20 de junio), aún hay varios proyectos de ley que siguen sobre la mesa del Congreso. Los proyectos que no completen sus cuatro debates y su conciliación antes de esa fecha quedarán automáticamente archivados. Varias iniciativas siguen sin completar su trámite y quedan pocos días hábiles restantes. Algunas de ellas no cuentan con el ambiente y otras no han tenido quórum.
El Gobierno tiene la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias después, pero con una agenda restringida que define el Ejecutivo, y sin garantía de que los proyectos que no salieron en el tiempo ordinario tengan espacio.
La Ley Jineth Bedoya: una deuda con la justicia de género
La Comisión VII del Senado aprobó el tercer debate de la Ley Jineth Bedoya Lima, que hace obligatoria la capacitación de todos los funcionarios públicos del país en violencia de género. La iniciativa cumple con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por el caso de la periodista Jineth Bedoya. Ahora le falta únicamente el cuarto debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley, pero ese debate aún no está agendado.
De no votarse antes del 20 de junio, el proyecto se archivaría. La norma busca resolver una falla que sus ponentes documentaron con cifras: el 35,4 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio en 2025 habían sido valoradas previamente por Medicina Legal, lo que significa que el Estado tuvo contacto con ellas antes del crimen. La ley exige capacitación obligatoria en perspectiva de género no solo para funcionarios de carrera sino también para contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas en la prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, con evaluaciones periódicas para verificar que la formación se refleje en la práctica.
Jurisdicción agraria: el pulso político que amenaza la reforma
La ley ordinaria que reglamenta la jurisdicción agraria necesita completar dos debates más —uno en la plenaria de la Cámara y otro en la del Senado— antes del 20 de junio. Sin ella, los juzgados agrarios que el presidente Gustavo Petro creó mediante la ley estatutaria sancionada en marzo en Cereté, Córdoba, no tendrán el marco procedimental para operar. El proyecto, a pesar de tener mensaje de urgencia por parte del Gobierno, no ha podido avanzar.
El punto de quiebre fue el artículo 9, que define el rol de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los nuevos juzgados. La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso un concepto advirtiendo que varios procedimientos sobre baldíos y adjudicaciones quedarían en manos de una autoridad administrativa y no de jueces especializados. Con ese argumento, representantes de oposición como Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Mauricio Parodi (Cambio Radical) han roto el quórum en repetidas sesiones, mientras exigen además la presencia del director de la ANT, Juan Felipe Harman, para aclarar el papel de la entidad. El Gobierno no descarta convocar sesiones extraordinarias si el proyecto no alcanza, aunque el senador Carlos Julio González (Cambio Radical) advirtió que el proyecto no tiene el ambiente político necesario para salir en medio de la campaña de segunda vuelta.