Seguridad

Recortes presupuestales ponen en jaque la labor de los defensores públicos desde 2024

Desde 2024, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo ha sufrido una reducción constante que afecta el pago y la operatividad de los defensores públicos, poniendo en riesgo la justicia para quienes no pueden costear defensa legal.

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Foto: La voz del país

Desde el año 2010, la Defensoría del Pueblo en Colombia había mantenido un presupuesto estable con incrementos anuales. Sin embargo, a partir de 2024, se inició un recorte sostenido que ha generado una crisis en el sistema de defensores públicos, pieza fundamental para garantizar el derecho a la defensa de personas procesadas sin recursos.

Un operativo sin precedentes en el sistema judicial

Los defensores públicos son responsables de prestar asesoría y defensa legal a cientos de miles de procesados que no pueden pagar un abogado privado. La reducción presupuestal ha provocado retrasos en los pagos, como ocurrió a finales de 2025 cuando el pago de diciembre se pospuso hasta enero, afectando a más de 5.000 contratistas.

Esta situación es una alerta para el sistema judicial colombiano, donde la ausencia de defensa adecuada puede entorpecer el desarrollo de los procesos judiciales y agravar la saturación existente.

La crisis presupuestal y sus impactos

  • En 2024, el presupuesto fue de $1,27 billones, disminuyendo a $1,25 billones en 2025.
  • Para 2026, el monto bajó a $1,19 billones y la proyección para 2027 es de $1,06 billones.
  • El presupuesto para inversión cayó a $85.000 millones en 2026 y se proyecta a $66.000 millones para 2027.
  • Para 2027, la Defensoría tendrá solo el 40 % de los recursos de inversión que tenía en 2024 y el 89 % en funcionamiento.

“El descenso del presupuesto comenzó en 2024, tras más de una década de crecimiento sostenido desde 2010”, advirtió Iris Marín, Defensora del Pueblo.

La reducción afecta la capacidad de la Defensoría para dar seguimiento a los derechos humanos en un contexto de agravamiento del conflicto armado y crisis humanitaria. Autoridades de la Rama Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia, han expresado preocupación y adelantan gestiones para mitigar el impacto.

En 2024, el 7,5 % de las personas con detención preventiva recuperó la libertad por vencimiento de términos, cifra que refleja la presión sobre el sistema judicial y la importancia de contar con defensores públicos activos.

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