Un operativo sin precedentes contra el lavado de activos en el sector minero
Una exhaustiva investigación iniciada en 2012 por la Fiscalía General de la Nación, a partir de un informe de fuente no formal, destapó una compleja red dedicada al lavado de dinero mediante la comercialización falsa de oro. Esta estructura criminal usaba facturas, transferencias bancarias y reportes tributarios para simular operaciones legales y así ocultar recursos de origen ilícito provenientes de la minería ilegal.
La empresa C.I. Mineros Exportadores S.A. (C.I. MINEX S.A.), constituida en 2003 y con sede en Bucaramanga, fue el epicentro de las operaciones. Aunque registrada formalmente como exportadora de minerales y con representante legal Mario Jesús Roa Fernández, las inconsistencias contables evidenciaron que sus transacciones no correspondían a negocios reales.
El entramado de operaciones simuladas que movilizó más de 179 mil millones de pesos
Entre 2006 y 2010, la red reportó transacciones millonarias con seis proveedores que concentraron más del 50 % de las operaciones, pese a no contar con la capacidad económica ni infraestructura para realizar tales ventas. Los montos alcanzaron cifras superiores a los 20 mil millones de pesos por proveedor, totalizando más de 179 mil millones.
Además, el dinero no era transferido a las cuentas de los proveedores registrados, sino a terceros autorizados por el representante legal que no tenían relación comercial con la empresa. Entre estos receptores se identificaron a Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla, evidenciando un patrón típico de dispersión de recursos en esquemas de lavado de activos.
El impacto en la comunidad y las acciones de las autoridades
Este caso revela cómo la minería ilegal no solo afecta el medio ambiente y la economía formal, sino que también alimenta estructuras criminales que blanquean grandes sumas de dinero mediante métodos sofisticados. La colaboración entre la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera ha sido fundamental para desarticular esta red y avanzar en la lucha contra el lavado de activos en Colombia.
“Las operaciones comerciales reportadas habrían sido utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero y canalizar recursos provenientes, en gran parte, de actividades de minería ilegal.”