Análisis Exclusivo suscriptores Respaldo de alcaldes a bloque de seguridad propuesto por presidente electo; expertos analizan alcance de estrategia de nuevo gobierno para ciudadesChocan congresistas Daniel Briceño y María José Pizarro. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla dan la bienvenida a medidas contra el crimen. Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, vio con buenos ojos proyecto de seguridad nacional del gobierno entrante. Foto: Composición IALink Carol MalaverSUBEDITORA DE BOGOTÁ 06.07.2026 16:03 Actualizado: 06.07.2026 18:20 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana desde el mismo 7 de agosto abrió uno de los primeros debates sobre la política de seguridad que impulsará su gobierno. La iniciativa, respaldada por alcaldes de las principales ciudades del país, plantea una operación conjunta para enfrentar fenómenos como el homicidio, la extorsión, el tráfico de drogas y el hurto, delitos que hoy concentran buena parte de la preocupación ciudadana y que, según los expertos, requieren respuestas distintas a las utilizadas frente a los grupos armados tradicionales.Bogotá será uno de los principales escenarios de esa estrategia. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la ciudad está dispuesta a trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional para atacar las organizaciones delincuenciales que operan en la capital. “En Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad”, afirmó el mandatario.El alcalde sostuvo que el fortalecimiento de la fuerza pública debe ir acompañado de un mayor respaldo del Gobierno Nacional para afectar las estructuras criminales responsables de delitos como el hurto, la extorsión y el tráfico de estupefacientes. “Sólo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios”, señaló. Además, insistió en la necesidad de revisar la política criminal para endurecer las sanciones contra quienes reinciden en delitos violentos y evitar beneficios que, a su juicio, favorezcan el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales.Distrito alerta sobre los riesgos de reemplazar la vigilancia humana por sistemas automatizados en edificios y conjuntos residencialesLa propuesta también recibió el respaldo de los alcaldes de Medellín, Cali y Barranquilla. Federico Gutiérrez aseguró que las ciudades necesitan un Gobierno Nacional comprometido con la seguridad ciudadana. Alejandro Eder reiteró la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Nación y las autoridades locales para enfrentar las amenazas que afectan a Cali, mientras que Alejandro Char afirmó que el liderazgo del Presidente será determinante para respaldar a las regiones en la lucha contra la criminalidad.Como presidente de Asocapitales, Galán también expresó la disposición de las ciudades para trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno no solo en materia de seguridad, sino también en proyectos relacionados con movilidad y desarrollo económico, bajo un esquema de corresponsabilidad entre los distintos niveles del Estado.Sin embargo, más allá del respaldo político, la discusión se centra ahora en la viabilidad de la estrategia y en las herramientas que realmente permitirían reducir la criminalidad urbana. Los especialistas coinciden en que el principal desafío no consiste únicamente en aumentar el número de uniformados o endurecer el discurso contra el delito, sino en adaptar las capacidades institucionales a un fenómeno criminal que ha cambiado de manera significativa durante los últimos años.Ese reto cobra especial importancia en Bogotá. Las cifras de la Policía Metropolitana muestran un panorama con avances importantes en varios delitos de alto impacto, pero también con señales de alerta que evidencian nuevas dinámicas de violencia. El balance refleja una reducción en la mayoría de los delitos contra el patrimonio, especialmente en diferentes modalidades de hurto, así como en secuestro, extorsión y delitos sexuales. No obstante, el comportamiento no es uniforme.Las mayores reducciones se registran en la piratería terrestre, que pasó de 16 casos a uno, equivalente a una disminución del 94 %; el secuestro, que cayó de 26 a 12 casos (-54 %); y el hurto a entidades financieras, que pasó de cinco a tres hechos (-40 %). También disminuyeron la extorsión, con una reducción del 21 %, y los delitos sexuales, que registraron 1.141 denuncias menos frente al mismo periodo del año anterior.La tendencia también resulta favorable en varias modalidades de hurto. El robo a personas disminuyó en 9.576 casos, equivalente a una reducción del 15 %. A ello se suman caídas en el hurto a comercio, automotores, motocicletas, celulares y bicicletas, indicadores que reflejan un descenso generalizado en los delitos contra el patrimonio económico.Sin embargo, el comportamiento cambia al analizar otros fenómenos asociados a la convivencia y la violencia interpersonal. La violencia intrafamiliar registra el incremento absoluto más alto de toda la estadística, con 4.947 casos adicionales, mientras que las lesiones comunes aumentan en 1.762 denuncias. A ello se suma el crecimiento del hurto a residencias, que rompe la tendencia descendente observada en las demás modalidades de robo, y el incremento de los homicidios ocurridos en accidentes de tránsito, que presentan la mayor variación porcentual entre los indicadores que aumentan.Violencia intrafamiliar. Foto:iStock En conjunto, las cifras muestran que Bogotá enfrenta una realidad compleja: mientras varios delitos tradicionales disminuyen, otros relacionados con la convivencia, la violencia y el control territorial de organizaciones criminales continúan representando desafíos importantes para las autoridades. Precisamente sobre ese escenario se construye la discusión acerca del alcance que podría tener el nuevo bloque de seguridad urbana.La PolémicaEl anuncio de un “bloque de defensa para la seguridad urbana”, propuesto por el presidente electo Abelardo de la Espriella y respaldado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también fue objeto de debate entre la senadora María José Pizarro y el representante electo Daniel Briceño. Aunque ambos coincidieron en que todavía no se conocen los detalles de la iniciativa, plantearon visiones opuestas sobre el alcance y las implicaciones que podría tener.Pizarro sostuvo que, por ahora, la propuesta solo ha sido anunciada a través de una publicación en la red social X y que aún no se han explicado aspectos fundamentales como su composición, el sustento jurídico, las entidades que la integrarían, el presupuesto, el costo para el Estado, el alcance operativo y las garantías en materia de derechos humanos. Por ello, consideró que cualquier respaldo resulta prematuro y advirtió que el país debe evitar repetir experiencias de seguridad que, en el pasado, derivaron en graves violaciones de derechos humanos.“Con los antecedentes que existen, ¿cuál sería la conformación exacta, qué entidades lo integran, de dónde se va a sacar el presupuesto, cuánto le va a costar al Estado y cuáles son las garantías en materia de derechos humanos?”, afirmó la senadora durante el debate.Briceño, por su parte, reconoció que el proyecto todavía se encuentra en una etapa preliminar y que falta conocer su contenido. Sin embargo, aseguró que el respaldo expresado por varios alcaldes responde a la expectativa de una mayor articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para enfrentar la inseguridad, luego de que, según dijo, durante el gobierno de Gustavo Petro los mandatarios locales no recibieran el apoyo suficiente en esta materia.“Lo que cambia es esa ‘paz urbana’, entre comillas, que lo único que hace es darle gabelas a los delincuentes para pasar a combatirlos”, señaló el representante electo, quien además rechazó que la propuesta sea comparada, por ahora, con las antiguas Convivir, al considerar que no existe información suficiente para establecer esa equivalencia mientras no se conozca el contenido del decreto.¿Cómo enfrentar el crimen urbano? Expertos analizan el alcance de la estrategia de seguridad que propone el nuevo gobierno para las ciudadesPistola - asesinato - feminicidio Foto:iStock Para el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero, el primer paso es reconocer que la criminalidad que hoy enfrentan las principales ciudades del país es muy distinta a la de hace una década. En su concepto, las organizaciones delincuenciales ya no actúan únicamente de manera local, sino que hacen parte de redes nacionales y transnacionales que exigen respuestas mucho más sofisticadas que el simple aumento del pie de fuerza o la militarización de los centros urbanos.“Lo primero que deben reconocer es que hoy estamos ante un crimen organizado nacional y transnacional que no se combate con grandes ejércitos, ni militarizando las ciudades o solo incrementando el pie de fuerza de la Policía”, afirmó el experto.Acero sostiene que cualquier estrategia nacional debería construirse sobre cuatro pilares. El primero consiste en fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, incrementando el personal especializado de la Policía y de la Fiscalía y dotándolo de tecnologías de última generación que permitan anticiparse al accionar de las organizaciones ilegales. “Se requiere desarrollar cuatro acciones fundamentales para enfrentar esta criminalidad organizada nacional y transnacional”, explicó.El segundo componente, agregó, pasa por recuperar la cooperación internacional en materia de seguridad. Según indicó, el intercambio de información y el trabajo conjunto con países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, México y las naciones vecinas resulta determinante para enfrentar redes que ya no operan dentro de una sola jurisdicción.Un tercer frente, en su concepto, tiene que ver con el sistema penitenciario. Acero considera que el país necesita ampliar la capacidad carcelaria bajo modelos que permitan al Estado mantener el control efectivo de los establecimientos penitenciarios, alejándose del esquema de megacárceles implementado en otros países y acercándose a experiencias como la Cárcel Distrital de Bogotá o el nuevo centro penitenciario que construye Medellín.Finalmente, advierte que una política de seguridad difícilmente tendrá resultados sostenibles si no incorpora componentes preventivos. “Junto con los alcaldes hay que construir una estrategia integral de seguridad que involucre acciones disuasivas y preventivas que les den oportunidades a los jóvenes y menores de edad que hoy están en riesgo de involucrarse en actividades delincuenciales y que desvincule a quienes ya están metidos en ese mundo, pero quieren salir”, señaló.Para el analista de seguridad Andrés Nieto, el anuncio del presidente electo representa una oportunidad para fortalecer la coordinación institucional, pero advierte que el verdadero reto será convertir la propuesta en una estrategia viable desde el punto de vista jurídico y operativo.El experto recuerda que la extorsión alcanzó durante 2024 y 2025 los niveles más altos registrados desde 2015 y sostiene que Bogotá no ha sido ajena a ese fenómeno, particularmente a través de modalidades como la microextorsión, el paseo millonario y las exigencias económicas impuestas por estructuras criminales en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe.“Se requiere una estrategia real, viable y posible en términos jurídicos y operativos”, afirmó Nieto, quien considera que la prioridad debe centrarse en fortalecer el trabajo de los grupos Gaula de la Policía y de las Fuerzas Militares, así como en mejorar la articulación con la Fiscalía y los organismos de investigación judicial para atacar las estructuras dedicadas a ese delito.A su juicio, el riesgo consiste en que el debate termine concentrándose en propuestas que generan impacto político, pero que carecen de sustento legal o de capacidad operativa para producir resultados. “Sin llegar al populismo de ideas que no tienen un sustento jurídico real”, advirtió el analista al referirse a planteamientos como vincular reservistas o veteranos a labores de vigilancia o ampliar el porte de armas como mecanismo para combatir la delincuencia.Nieto enfatiza que las organizaciones criminales urbanas funcionan bajo lógicas diferentes a las de los grupos armados ilegales y, por lo tanto, requieren respuestas especializadas. En su concepto, la microextorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de estas estructuras, especialmente en barrios populares y zonas comerciales, donde poco a poco consolidan control territorial antes de expandirse hacia otras rentas ilícitas como el microtráfico, el tráfico de armas o diferentes modalidades de hurto.Desde otra perspectiva, el experto en seguridad José Orlando Carrillo considera que la propuesta parte de un elemento acertado: reconocer que la seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad permanente del Estado y no únicamente en una respuesta coyuntural frente al aumento de determinados delitos.Carrillo sostiene que cualquier estrategia nacional deberá fortalecer simultáneamente las capacidades de la Policía, la Fiscalía y las demás autoridades encargadas de la investigación criminal, pero también reconstruir la confianza de la ciudadanía para incentivar la denuncia y el flujo de información hacia las instituciones.“Fortalecer la red de participación ciudadana y empoderar mucho más a la comunidad para que genere información efectiva es absolutamente vital”, afirmó.El experto también considera indispensable aumentar la presencia institucional en los territorios. A su juicio, la percepción de inseguridad que hoy expresan muchos ciudadanos solo comenzará a disminuir cuando las autoridades logren recuperar el control visible del espacio público mediante operativos permanentes, capturas efectivas y procesos judiciales que concluyan con sanciones oportunas.“Hoy lo que la mayoría de ciudadanos siente es esa sensación de inseguridad y es la que debemos empezar a recuperar. Eso solo se logra con la participación efectiva de las autoridades en el territorio, que haya presencia, que se note que están allí y que se logren capturas efectivas”, señaló.Los tres especialistas coinciden en un punto fundamental: la coordinación entre el Gobierno Nacional y los alcaldes puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la respuesta institucional frente a la delincuencia organizada. No obstante, también advierten que esa articulación deberá traducirse en inversiones sostenidas en inteligencia, investigación criminal, tecnología, capacidad judicial y prevención social, pues la complejidad del crimen urbano supera ampliamente las respuestas basadas únicamente en el aumento de policías o en el endurecimiento del discurso político.En ese contexto, el respaldo expresado por los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla constituye apenas el punto de partida de una estrategia cuyo verdadero impacto dependerá de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno una vez asuma el poder. El desafío será convertir el anuncio de un bloque de seguridad urbana en una política pública capaz de responder a fenómenos criminales cada vez más sofisticados, sin desconocer las particularidades de cada ciudad y las tendencias que hoy muestran las cifras de criminalidad.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.comLea también:Capturan en Ciudad Bolívar a presunto expendedor de bazuco que habría sido detenido semanas atrás por el mismo delitoBogotá creció más que el país en 2025: construcción, comercio y cultura impulsaron la economíaConductor cayó con 60 kilos de marihuana en Engativá e intentó sobornar a los policías para evitar su captura Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. 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