Un juez de Barranquilla ordenó seguir adelante con el cobro judicial de un pagaré por 1.650 millones de pesos contra cuatro personas cercanas a la actual administración departamental, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el origen de esos recursos y las afirmaciones del empresario Anatolio Santos Olaya, quien sostiene que el dinero fue entregado para apoyar la campaña que llevó a la Gobernación del Atlántico a Eduardo Verano en 2023.
La orden judicial: embargo y cobro de intereses
La decisión judicial ordena seguir adelante con la ejecución, embargar bienes y cobrar intereses. Anatolio Santos, exsecretario de Desarrollo Económico del Atlántico, hizo pública una demanda contra Pedro Lemus, Óscar Pantoja y Laureano Acuña.
El caso, que había permanecido en un segundo plano, resurge ahora con fuerza tras el fallo que obliga a los demandados a responder por la deuda. Santos ha insistido en que el préstamo no fue un negocio privado, sino un aporte a la campaña de Verano, lo que ha generado un intenso debate sobre el financiamiento político en la región.
Reacciones y contexto político
Hasta el momento, ni el gobernador Eduardo Verano ni los implicados han emitido declaraciones oficiales sobre la orden judicial. Sin embargo, fuentes cercanas a la administración departamental han señalado que se trata de un asunto privado entre particulares, mientras que sectores de la oposición han pedido una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de la campaña de 2023.
El pagaré por 1.650 millones de pesos se suma a otras controversias que han rodeado al gobierno de Verano, quien asumió el cargo en enero de 2024. La decisión del juez de Barranquilla podría tener implicaciones legales y políticas de largo alcance, especialmente si se confirma el vínculo entre el préstamo y la campaña electoral.