Las acusaciones desde la Escuela de Carabineros
En una audiencia celebrada este miércoles, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, lanzó fuertes señalamientos contra la Fiscalía, a la que acusó de haberla presionado para que declarara en contra de ministros del presidente Gustavo Petro en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz, quien permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, es señalada de ser la intermediaria que llevó 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle —hoy presos en la cárcel La Picota— para agilizar las reformas del Ejecutivo en el Legislativo. Por estos hechos, enfrenta los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento (...) porque eso fue lo que me dijo, me dijo: si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó.
Un proceso que califica de político
Durante su intervención, Ortiz aseguró que desde el principio entendió que el caso no era jurídico sino político. "Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que le envié. Desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Y si a mí hoy estoy en esta situación, pues yo le hablo y lo digo abiertamente, es por un tema político y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo", manifestó.
El estado del proceso judicial
El proceso contra Sandra Ortiz se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias, en las que se definen las pruebas que serán utilizadas en el juicio final. Paralelamente, el Tribunal Superior de Bogotá debe resolver una apelación presentada por la defensa contra la medida de aseguramiento que la mantiene detenida.