El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, quien estaba detenida en la Escuela de Carabineros de la capital. La decisión se tomó por vencimiento de términos, luego de que la defensa demostrara que han transcurrido más de 400 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se haya iniciado la etapa de juicio oral.
Los argumentos del juez
Durante la audiencia, el juez detalló que el proceso acumuló 473 días desde la presentación del escrito de acusación. Sin embargo, descontó 144 días que consideró como maniobras dilatorias, entre ellas una solicitud de preclusión y una recusación presentada por la defensa. Al restar esos días, el término neto fue de 329 días, superando ampliamente los 240 días que establece la ley para pasar a juicio.
- Del 10 de abril de 2025 al 11 de junio de 2025: 63 días.
- Del 19 de noviembre de 2025 al 2 de diciembre de 2025: 14 días por licencia de luto de la juez.
- Del 11 de febrero de 2026 al 12 de abril de 2026: 61 días por resolución de preclusión, considerada maniobra dilatoria.
- Del 6 de mayo de 2026 al 11 de mayo de 2026: 6 días por recusación, también calificada como dilatoria.
Lo anterior arroja un total de 144 días. Al descontar esos 144 días de los 173 inicialmente contabilizados, se obtiene un guarismo de 329 días, término que evidentemente supera los 240 días que establece la ley.
El papel de Sandra Ortiz en el escándalo
Sandra Ortiz es señalada de ser la intermediaria que entregó 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, hoy presos en La Picota, para asegurar el trámite de las reformas del Gobierno nacional. Enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. Pese a su libertad, el proceso continúa en etapa de audiencias preparatorias, donde se definirán las pruebas para el juicio.
La defensa de Ortiz celebró la decisión y aseguró que su cliente seguirá colaborando con la justicia. Por su parte, la Fiscalía analiza si apela el fallo, mientras la opinión pública sigue de cerca el caso que ha sacudido al Ejecutivo.