El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad entregó su informe final, un documento que obligó al país a mirar de frente la historia del conflicto armado y a reconocer los hechos que han marcado a más de 10 millones de personas. Cuatro años después, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) presentó su sexto informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones, con un hallazgo que enciende las alarmas: al ritmo actual, se necesitarían alrededor de 62 años para indemnizar a la totalidad de las víctimas pendientes, más de 8 millones de personas.
Un sistema desbordado por la realidad del conflicto
La conclusión principal del informe es que existe una 'arquitectura institucional insuficiente'. El documento reconoce que durante el período 2024-2026 hubo voluntad política, pero advierte que el sistema diseñado en 2011 ya no responde a la realidad actual: mientras ese año el registro contabilizaba cerca de 5 millones de víctimas, hoy el Registro Único de Víctimas (RUV) supera los 10,2 millones. Esta duplicación del universo de víctimas ha dejado a las instituciones operando con un rezago estructural, tanto administrativo como financiero.
Esta realidad confirma que el conflicto armado ha persistido y que las causas estructurales que lo alimentan continúan sin resolverse. En este escenario, la implementación del Acuerdo Final de Paz, en particular su punto cinco, y de las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad enfrentan condiciones que no pueden ser ignoradas.
Julia Eva Cogollo, presidenta del CSM, señaló que los factores del conflicto persisten y que la implementación del Acuerdo Final de Paz enfrenta condiciones adversas. El informe también destaca la Ley 2421 de 2024, conocida como la Ley de Víctimas, pero advierte una distancia crítica entre la norma y los derechos efectivamente garantizados.
Voluntad política sin traducción real en derechos
Sobre los avances de estos cuatro años de Gobierno, el documento concluye que el Estado produjo el mayor volumen de instrumentos normativos, jurisprudenciales y de política pública sobre las víctimas desde la Ley 1448, pero la adecuación jurídica al universo real no acompañó ese avance. 'La tensión no está en la ausencia de normas, sino en su capacidad efectiva de garantizar derechos ya reconocidos', señala el informe.
- Se necesitarían 62 años para indemnizar a todas las víctimas pendientes, según el costeo de la Contraloría General de la República, que exige 63,6 billones de pesos.
- En los últimos cuatro años se reconocieron 1.492.003 nuevas víctimas del conflicto armado.
- Solo en 2025 se documentaron 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, evidenciando el incumplimiento de la promesa de no repetición.
- La persistencia del conflicto armado y el reclutamiento activo de niños, niñas y adolescentes siguen generando nuevas víctimas.
Pese a estos retos, durante la presentación del informe, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, defendió la institucionalidad nacida de los acuerdos de paz y llamó a respaldarla ante las dudas sobre su continuidad. 'En este momento tenemos que no solamente preservar, sino fortalecer todo lo que hemos logrado en estos años. Toda la institucionalidad, todos los avances, no se pueden perder, no se puede marchitar la institucionalidad. No solamente sería, creo, uno de los peores errores históricos que podemos cometer como sociedad', expresó.
Llamados urgentes a la acción
Ante este panorama, el informe hace llamados urgentes para reglamentar temas pendientes, como la Jurisdicción Agraria, y para asegurar la definición de rubros presupuestales, metas claras y mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH 2026-2036), que actualmente carece de presupuesto. Ibonne Fierro, en representación de la Mesa Nacional de Víctimas, afirmó: 'Este no es un acto protocolario más: es un ejercicio de memoria, de rendición de cuentas y, sobre todo, de compromiso con un país que aún tiene una enorme deuda con quienes hemos soportado el peso del conflicto armado'.