La inseguridad y violencia en Colombia alcanzan niveles preocupantes, con un aumento del 85% en el número de integrantes de grupos armados ilegales desde el inicio del gobierno actual, según Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En el suroccidente, las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos criminales mantienen una feroz disputa territorial vinculada al narcotráfico, minería ilegal y contrabando.
El impacto en la comunidad y la dinámica criminal
Las recientes acciones terroristas, incluyendo el ataque con bomba que causó más de 20 muertos, reflejan un deterioro estructural de la seguridad. Aunque la Fuerza Pública ha incrementado sus acciones ofensivas en un 34% entre 2024 y 2025, la fragmentación de los grupos y su capacidad para reclutar y expandirse mantienen la violencia vigente.
Flórez señala que el dominio de Iván Mordisco sobre el ‘Estado Mayor Central’ es limitado y que mandos locales han tomado mayor control. Por ello, la eliminación de Mordisco no alteraría significativamente la crisis en el Cauca y zonas aledañas.
Retos para el Estado y propuestas para el próximo gobierno
Entre los principales retos están combatir el reclutamiento forzado, especialmente de menores, y enfrentar las economías ilícitas que representan hasta el 6% del PIB. La erradicación y persecución tradicional no han sido suficientes, por lo que se requiere una estrategia integral que incluya ordenamiento territorial, fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial.
- Proteger a la población con operaciones de estabilización en zonas conflictivas.
- Contener y perturbar las finanzas criminales y el reclutamiento.
- Recuperar el control territorial con una política de transformación integral.
- Modificar la ley de orden público para adaptarla a las nuevas realidades.
- Fortalecer la inteligencia y la cooperación internacional, especialmente con aliados como Estados Unidos.
El experto advierte que no existen soluciones rápidas ni únicas y que el próximo gobierno debe reconocer la complejidad del fenómeno para diseñar políticas coherentes que frenen la erosión institucional y el impacto humanitario, que afectó a 1,6 millones de personas en 2025.
La influencia de los grupos ilegales en la política local
Los grupos criminales actúan como organizaciones que buscan influir en la política territorial para proteger sus intereses, afectando la libertad electoral en 116 municipios. La violencia, desplazamiento y confinamiento limitan la participación democrática y generan presiones violentas sobre los votantes.