Un fallo que cambia el rumbo del caso Aguas Vivas
El exalcalde de Medellín y actual Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, se pronunció este martes 14 de julio tras conocerse la decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, que declaró la nulidad de su imputación de cargos en el polémico proceso del lote 'Aguas Vivas'. Quintero calificó la determinación de la jueza como un acto de justicia y arremetió contra sus opositores políticos y la seccional de la Fiscalía en la capital antioqueña, afirmando que el caso fue un montaje judicial diseñado con el único fin de truncar sus aspiraciones presidenciales.
Las acusaciones de Quintero contra Federico Gutiérrez
A través de una declaración pública, el exmandatario y actual superintendente Nacional de Salud aseguró que tanto él como 14 personas de su círculo de colaboradores fueron víctimas de una persecución sistemática liderada por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la Fiscalía de esa ciudad. Quintero insistió en que el polémico contrato de Aguas Vivas fue firmado el último día de la administración de su predecesor de manera abiertamente ilegal y que fue su propio gobierno el que lo dio por terminado, evitó que se pagara dinero público y denunció las presuntas irregularidades ante las autoridades.
El impacto emocional y los pasos legales futuros
En su intervención, Quintero agradeció el respaldo de su familia frente al impacto emocional y el acoso que sufrieron durante el proceso. El exalcalde, además, solicitó formalmente a la Fiscal General de la Nación que abra investigaciones penales en contra de Federico Gutiérrez, su equipo de gobierno y los funcionarios de la Fiscalía de Medellín que impulsaron el caso. Asimismo, anunció que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas de protección para él, su familia y sus colaboradores más cercanos.
Una advertencia sobre la persecución política
Finalmente, el exmandatario advirtió que lo sucedido en su caso es un patrón que podría repetirse contra otros sectores del espectro político nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y a varios ministros de su gabinete. Ante este panorama, Quintero anunció la creación de una fundación dedicada exclusivamente a asumir la defensa jurídica de personas que sean perseguidas judicialmente por motivaciones políticas en el país.