La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tomó medidas administrativas contundentes luego de descubrir irregularidades en el sector de vigilancia privada, lo que llevó a la suspensión de 31 licencias en varias regiones del país.
El superintendente Larry Álvarez Morales explicó que se identificó un patrón en el que empresas con permisos legales fueron utilizadas para canalizar recursos, personal y armamento hacia organizaciones criminales, evidenciando una infiltración de estructuras ilegales en compañías autorizadas.
En ciudades como Barranquilla, dos empresas —Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda.— perdieron sus licencias en primera instancia, mientras que otras ocho compañías permanecen bajo investigación y podrían enfrentar sanciones similares.
Las investigaciones revelaron conexiones entre armas registradas legalmente y hechos delictivos, así como vínculos entre empleados de estas empresas y grupos criminales, asociados a economías ilegales y lavado de activos.
Este operativo sin precedentes se ha realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el sector Defensa, fortaleciendo los controles sobre armas y apoyando procesos judiciales en curso.
La Superintendencia resaltó que el sector de vigilancia privada genera empleo para más de 360.000 familias, y que la mayoría de las empresas operan legalmente, por lo que continuarán las acciones de control basadas en inteligencia y análisis de datos para detectar y sancionar irregularidades.