El lunes en la noche, el presidente Gustavo Petro emitió la orden de trasladar a los cabecillas de bandas delincuenciales que participaron en una parranda vallenata dentro de la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí. Este evento, ocurrido el pasado 8 de abril, generó cuestionamientos sobre el control y la seguridad en el sistema penitenciario colombiano.
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, declaró el mandatario durante un consejo de ministros.
Tras la orden presidencial, la Oficina del Alto Consejero para la Paz tiene la responsabilidad de definir quiénes serán trasladados y gestionar las solicitudes ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este proceso incluye la selección de los centros de reclusión de destino y la coordinación logística con la Policía Nacional.
Fuentes del Inpec indicaron que se encuentran analizando la disponibilidad de cupos en diferentes cárceles, con especial atención en la cárcel La Picota en Bogotá, aunque no se descartan otras opciones que se ajusten al perfil criminal de los capturados. Sin embargo, aún no se ha definido oficialmente quiénes serán trasladados ni se han emitido documentos formales al respecto.
En paralelo, el Inpec ha tomado medidas administrativas, incluyendo la suspensión de 11 funcionarios del penal de Itagüí, quienes están siendo investigados disciplinariamente por su posible responsabilidad en los hechos ocurridos durante la fiesta.
La polémica se intensificó con la revelación de que el cantante vallenato Nelson Velásquez participó en la actividad, lo que ha motivado un debate sobre los controles, permisos y protocolos para la realización de eventos dentro de las cárceles.