El proceso judicial contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, avanza a su fase definitiva luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara la solicitud de preclusión presentada por su defensa. Así, se mantiene firme el camino hacia el juicio oral por su presunta responsabilidad en delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta decisión de segunda instancia ratifica la resolución del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que el pasado 4 de marzo determinó que existían elementos suficientes para continuar con el proceso. La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Ortiz Nova, quien desde el inicio ha negado cualquier conducta ilegal.
Mientras se define la fecha para el inicio del juicio, la exconsejera permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. La fiscal María Cristina Patiño sustentó la acusación basándose en movimientos y contactos relacionados con la entrega de recursos a congresistas.
El impacto en la comunidad política
Según la hipótesis fiscal, los hechos investigados se remontan a octubre de 2023, cuando Ortiz habría actuado como intermediaria entre Carlos Ramón González y los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Se señala que los congresistas habrían recibido 4.000 millones de pesos a cambio de apoyar reformas del Gobierno.
Este proceso forma parte de una macroinvestigación por presuntos actos de corrupción en la UNGRD, que involucra a varios funcionarios y dirigentes políticos. La negativa a la preclusión en el caso de Ortiz Nova representa un avance significativo hacia la etapa de juzgamiento dentro de este entramado judicial.