La crisis por las fallas recurrentes en el suministro de agua potable en Cartagena dio un nuevo giro judicial. El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó medidas cautelares de cumplimiento inmediato contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena (Acuacar), con el propósito de garantizar la continuidad del servicio y proteger los derechos colectivos de los ciudadanos afectados por los cortes registrados en distintos sectores de la ciudad.
La decisión fue adoptada en el marco de una acción popular presentada por el Distrito de Cartagena, que argumentó la existencia de riesgos para la salud pública, la calidad de vida y el acceso a un servicio esencial debido a las interrupciones que se han presentado durante los últimos años.
Las exigencias del tribunal
- Suspender los racionamientos sectorizados que venía implementando Acuacar.
- Presentar un plan de contingencia aprobado por el despacho judicial que garantice la continuidad del abastecimiento para la población.
- Atender las emergencias con carrotanques mientras se implementan soluciones definitivas.
Según el auto judicial, la empresa deberá suspender los racionamientos sectorizados que venía implementando mientras no exista un plan de contingencia aprobado por el despacho judicial que garantice la continuidad del abastecimiento para la población.
Reacciones y contexto
La medida se suma a la ruptura del alcalde Dumek Turbay con Aguas de Cartagena, quien propuso crear una nueva empresa pública tras la crisis por cortes y fallas en el servicio.