Mientras los índices de desnutrición en Manaure y Riohacha seguían en aumento durante 2019, un grupo de funcionarios públicos y particulares tejía un entramado criminal para apropiarse de los recursos destinados a la alimentación infantil.
Entre febrero y diciembre de ese año, la seccional de La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) suscribió contratos con privados que, bajo una fachada de legalidad técnica, fueron manipulados para desviar más de 860 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, tras meses de auditorías forenses y seguimientos, desveló este mecanismo sistemático de corrupción que afectó directamente la entrega de alimentos básicos como leche, carne y pan a los niños guajiros.
Este caso evidencia cómo la corrupción puede poner en riesgo la salud y el desarrollo de la niñez más vulnerable, al desviar recursos vitales destinados a su alimentación.
El impacto en la comunidad se traduce en la persistencia de altos índices de desnutrición, mientras los responsables del saqueo se valían de contratos fraudulentos para enriquecerse a costa de la infancia.