Un operativo sin precedentes en la Fiscalía ha generado movimientos decisivos en una investigación de corrupción que involucra presuntos contratos irregulares en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por un valor de 17.656 millones de pesos. Durante la pasada administración en Medellín, estos contratos habrían sido direccionados, afectando la transparencia y economía pública.
El caso, que se centra en seis contratos entregados entre 2020 y 2022 al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, ha revelado irregularidades como la adjudicación directa sin cumplir con requisitos legales y sobrecostos en facturación. La Fiscalía señala que estos contratos supuestamente buscaban capacitar a los bomberos para manejar la pandemia del covid-19, pero el manejo de los recursos fue cuestionado.
En octubre pasado, tras meses de investigación, la Fiscalía capturó a tres personas claves: Misael Cadavid, excomandante de los bomberos y gerente del Hospital La María; Elkin de Jesús González, exrepresentante legal; y María Yaneth Rúa, exsupervisora del AMVA. Los tres fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos y peculado, cargos que no aceptaron.
Principios de oportunidad que podrían cambiar el rumbo de la investigación
Recientemente, Misael Cadavid logró un principio de oportunidad tras negociaciones con la Fiscalía, comprometiéndose a entregar información que podría implicar a otros involucrados. Este beneficio judicial, aprobado por un juez, le permitió salir de la cárcel El Pedregal a finales de marzo.
Por su parte, Elkin de Jesús González avanza en acercamientos para obtener un beneficio similar, mientras que María Yaneth Rúa también busca dialogar con las autoridades para colaborar y posiblemente recibir un beneficio jurídico, cuyos alcances se están definiendo.
Estos movimientos suman al menos cuatro principios de oportunidad entregados en investigaciones vinculadas a presuntos malos manejos en la administración del exalcalde Daniel Quintero, incluyendo el otorgado a Laura María Mejía Higuita, quien ha señalado a personas cercanas al exmandatario.
Cambio en la dirección fiscal impulsa la pesquisa anticorrupción
La investigación, inicialmente liderada por el fiscal Rodolfo Sánchez, especialista en homicidios, pasó a estar bajo la dirección de Magda Sofía Ramírez, experta en casos anticorrupción. Sánchez ahora actúa como fiscal de apoyo debido a ajustes administrativos tras un concurso de méritos en la Fiscalía.
Entre los imputados también se encuentran el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, y las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya, quienes se han declarado inocentes hasta el momento.
“Todos estos contratos corresponden a un valor de 17.656 millones de pesos, contratos que según el proceso investigativo se han entregado de manera directa, violando principios de planeación, transparencia y selección objetiva, con sobrecostos en la facturación.”
La investigación continúa abierta y estos nuevos desarrollos en la Fiscalía podrían ser determinantes para esclarecer la verdad y sancionar a los responsables en uno de los casos de corrupción más relevantes en Medellín de los últimos años.