En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se logró la incautación de 1,3 toneladas de mercurio líquido en el puerto de Cartagena. Este cargamento ilegal proveniente de Asia estaba oculto en un contenedor y fue detectado durante controles aduaneros rigurosos.
La sustancia prohibida, distribuida en 37 recipientes con un peso aproximado de 1.326 kilos, tenía como destino final el municipio de Turbo, Antioquia, una zona con historial de minería ilegal de oro. La importación de mercurio está prohibida en Colombia debido a sus graves efectos en la salud humana y el medio ambiente.
- Avalúo comercial del mercurio: $3.703 millones.
- Valor en mercado criminal estimado entre $4.000 y $5.300 millones.
- Capacidad para producir aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal.
- Valor internacional del oro ilegal estimado en más de 31 millones de dólares.
La identificación técnica del mercurio contó con el apoyo de especialistas de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes confirmaron la naturaleza altamente contaminante del metal.
“Desde la Policía Nacional no vamos a permitir que las estructuras criminales continúen lucrándose del contrabando y del tráfico ilegal de sustancias químicas que alimentan economías ilícitas y generan graves afectaciones al medio ambiente y a la seguridad económica del país.”
El mercurio representa un riesgo crítico para los ecosistemas hídricos, suelos y biodiversidad, además de causar daños neurológicos y renales en humanos. Una sola gota puede contaminar hasta 5.000 litros de agua, lo que evidencia el grave peligro que implicaba su ingreso ilegal.
“Esta incautación representa un golpe contundente contra las economías ilícitas que amenazan nuestros recursos naturales. Evitamos que una sustancia altamente contaminante llegara a actividades ilegales que afectan el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades.”
Con esta acción, las autoridades evitaron un impacto ambiental equivalente al consumo de agua de la ciudad de Bogotá durante varios meses, reafirmando su compromiso en la protección de los recursos naturales y la seguridad del país frente a economías ilícitas.