Análisis Exclusivo suscriptores UNGRD: más de medio billón prometido en contratos; detalles de la acusación contra los exministros Bonilla y VelascoEL TIEMPO accedió al documento, de 287 páginas, en el que la Fiscalía detalla el engranaje criminal por el que los llamó a juicio ante la Corte.UNGRD: $612.000 millones en contratos direccionados; los detalles de la acusación contra Bonilla y Velasco Foto: ArchivoLink Sara Valentina Quevedo DelgadoPERIODISTA JUDICIAL07.04.2026 21:55 Actualizado: 08.04.2026 06:19 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Una empresa criminal. Bajo estos términos calificó la Fiscalía la asociación entre los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, señalados de ser unos de los líderes del entramado del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para aceitar, a punta de contratos y burocracia, la aprobación de las reformas sociales y de los empréstitos de la Nación. Presidente Gustavo Petro se pronunció después de que el exministro Ricardo Bonilla quedara en libertad por el caso UNGRD: 'Justicia llega a su final'Esta es la base de los hechos sobre la que los exministros serán llamados a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Sin embargo, este martes 7 de abril, el mismo día en el que se presentó la acusación, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Bonilla por vencimiento de términos.Los detalles de la acusaciónDesde, por lo menos, mayo de 2023 y hasta mediados de febrero de 2024, el tiempo que estuvieron como cabezas de las carteras, según la acusación de la Fiscalía contra los exfuncionarios ante la Corte Suprema, Velasco y Bonilla se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública.Audiencia contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD. Foto:Archivo particular El objetivo era asegurar las mayorías parlamentarias. Para ello, supuestamente habrían pactado ilegalmente con una decena de senadores y representantes el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Invías y en la UNGRD, a cambio de su voto en las sesiones de las comisiones del Congreso a las que pertenecían.A ese acuerdo se vincularon Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector, quienes —según la Fiscalía— fueron los encargados de destinar y presupuestar los proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados.La empresa criminal, advierte el ente acusador, se extendió durante el tiempo en que Velasco y Bonilla se desempeñaron como ministros. En ese lapso, se habrían direccionado a favor de congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por $571.701 millones y cinco proyectos en la UNGRD por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones. Sin embargo, de ese más de medio billón prometido, solo siete proyectos habrían sido concertados.La organización, agrega el escrito de acusación, se estructuró con una división de trabajo preacordada. Cada integrante cumplía un rol específico para 'enmermelar' el Legislativo y pavimentar el camino para las reformas pensional, de salud y los créditos públicos.En ese esquema, Velasco y Bonilla habrían liderado, promovido y dirigido esta red. "Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dieron órdenes, coordinaron reuniones y supervisaron las gestiones ilícitas necesarias al interior del Invías y la UNGRD para cumplir los compromisos adquiridos con los congresistas", se lee en el documento.También, según la Fiscalía, definieron el modus operandi: “comprar” congresistas mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos, a cambio de su apoyo a los proyectos del Gobierno en el Congreso o de su presencia para garantizar quórum, deliberación y votación.Uno de estos episodios ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco le habría ordenado a Olmedo López apoyar la reforma pensional. Para ello, debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado con el fin de acordar contratos con ciertos parlamentarios y ampliar las mayorías en esa célula legislativa, clave para tramitar reformas estructurales como la de salud y pensiones. En ese contexto, debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien lideraba por el Gobierno el respaldo a la reforma.Tres meses después, en el empalme de las exasesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se dejó en conocimiento que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar a favor de congresistas proyectos para las regiones, denominados “cupos indicativos”, que eran autorizados por el ministro Ricardo Bonilla.En ese espacio, se le entregó a María Alejandra Benavides una tabla en Excel con la relación de proyectos al interior del Invías que se tramitarían y se entregarían a algunos parlamentarios a cambio de sus votos.Algunos congresistas vinculados en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Foto:Archivo particular En total, fueron 71 proyectos gestionados con este propósito, distribuidos así:Comisión Cuarta de Cámara: 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por $142.658 millones.Comisión Cuarta de Senado: 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816 millones.Comisión Tercera de Senado: 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145 millones.Comisión Tercera de Cámara: 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por $177.380 millones.En la misma calenda, esto es, septiembre de 2023, dice la Fiscalía, Velasco y Bonilla coordinaron la gestión de los proyectos de obra en el Invías en los que estaban interesados miembros de la Comisión Primera del Senado, representados por el senador Julio Elías Chagüi Flórez.Y en simultáneo, habrían aceitado la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. "Entre junio y noviembre de 2023, Bonilla presentó ante esta célula —integrada, entre otros, por Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo (hoy acusados y dos de ellos presos por este escándalo)— 17 operaciones de crédito público.Estas, inicialmente, no fueron tramitadas por falta de quórum, aplazamientos y retiro de los parlamentarios de las sesiones convocadas por el Ministerio de Hacienda. Solo hasta el 28 de noviembre de 2023 comenzaron a viabilizarse, con la aprobación unánime de los congresistas que asistieron.La Fiscalía sostiene que la concurrencia, deliberación y votación en esa comisión solo se logró después de convenir con los legisladores que, a cambio, se les entregaría contratación pública.El ente investigador también menciona que el 18 de septiembre de 2023, en la Casa La Giralda, una de las dependencias del Ministerio del Interior, se llevó a cabo una reunión entre Velasco, Bonilla y la exasesora Benavides."En ese encuentro, Velasco hizo alusión a las elecciones regionales previstas para octubre, al panorama para el Gobierno en esos comicios y a la necesidad de asegurar el respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebidos", señala la acusación.Para la Fiscalía, el interés indebido se materializó al pasar por alto los parámetros que obligan a los funcionarios a anteponer el interés general al particular y a ceñirse a los principios de la función pública.Olmedo López, Luis F. Velasco , exmininterior y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:Archivo particular Además, señala que las conductas se habrían ejecutado bajo circunstancias de mayor punibilidad, al recaer sobre recursos destinados a actividades de utilidad común y a la satisfacción de necesidades básicas de la población. Esto, teniendo en cuenta que los proyectos comprometidos estaban relacionados con la gestión del riesgo y con infraestructura de transporte, es decir, con la conectividad, transitabilidad y movilidad de los colombianos.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. 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