El exalcalde enfrentó denuncias por insultos a sus funcionarios
William Dau Chamat fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación debido a sus expresiones ofensivas contra funcionarios del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) durante su mandato en Cartagena. Dau llamó públicamente “ratas” a varios empleados de la entidad, acusándolos de presuntos robos multimillonarios sin presentar pruebas.
Las acusaciones que desencadenaron el proceso disciplinario
El proceso inició en julio de 2024 a partir de denuncias de sindicatos de trabajadores del Distrito. En un evento el 12 de diciembre de 2022, Dau afirmó que el Dadis se había convertido en un “nido de ratas” y señaló irregularidades durante la gestión de la entonces directora Johana Bueno, quien fue destituida junto al director financiero Héctor Useche. Bueno anunció acciones legales tras ser señalada sin pruebas.
“Pero hoy aquí estoy denunciando otro nido de ratas dentro de la administración mía, el departamento de salud, el Dadis, donde no tengo las pruebas suficientes para acusar, pero presuntamente se han robado miles de miles de millones de pesos”.
La Procuraduría impuso una amonestación y evalúa inhabilidad
El 22 de enero de 2025, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento sancionó a Dau con una amonestación escrita por falta leve a título de culpa grave, que quedará registrada en su hoja de vida. Además, el caso fue remitido a la División de Causas e Inhabilidades para analizar una posible inhabilidad para cargos públicos.
Esta posible sanción se sumaría a dos inhabilidades previas que acumula Dau, que suman 22 años: una por irregularidades en el arrendamiento de un predio para la Cárcel Distrital de Mujeres y otra por participación indebida en política en 2022.
Los denunciantes esperan sanciones ejemplares
Erick Urueta, expresidente del sindicato Sinserpublicocolombia, destacó que la decisión de la Procuraduría envía un mensaje claro a los gobernantes sobre el respeto a los funcionarios y ciudadanos. “La voz de un servidor público tiene poder para lastimar, y sus expresiones no pueden ser usadas para atacar sin pruebas”, afirmó.
“Con esta decisión se logra dignificar a las personas que ofendieron llamándolos rateros por su propio jefe y esperamos una inhabilidad ejemplar”.