Un balance crítico a 15 años de la Ley de Víctimas
En el marco del aniversario 15 de la Ley de Víctimas, la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado, ofreció un balance en entrevista con EL TIEMPO. La funcionaria aseguró que el manejo de la Unidad para las Víctimas (UARIV) durante la administración del presidente Gustavo Petro ha sido 'malo' y advirtió que el rezago en materia de reparación mantiene a más de 5,9 millones de personas sin superar su situación de vulnerabilidad.
Las cifras que revelan la magnitud del desafío
Mercado destacó que Colombia tiene el programa de reparación administrativa más ambicioso del mundo, con la meta de reparar a cerca de 7 millones de personas vivas incluidas en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, señaló que más de 5,9 millones de víctimas aún tienen al menos uno de ocho derechos básicos insatisfechos, como educación, salud o generación de ingresos. La pobreza monetaria de la población víctima en 2024 es del 44,5 %, frente al 31,7 % de la población no víctima, una brecha de más de 10 puntos porcentuales.
Deudas estructurales que hereda el próximo Gobierno
La consejera identificó cuatro deudas clave que debería asumir la próxima administración: un plan de financiación para la Ley de Víctimas, que requiere unos 300 billones de pesos; la implementación del Plan de Rehabilitación psicosocial, pendiente desde el Acuerdo de Paz; el avance en reparación colectiva, con más de mil sujetos activos y solo 61 planes cerrados; y la articulación entre los PDET y los procesos de reparación colectiva, que podrían servir como insumo para la JEP.
La Unidad para las Víctimas no les hace favores a las víctimas; tiene la obligación de garantizar y cumplir derechos. Y vemos que eso es algo que se ha desnaturalizado por completo.
El reto de Bogotá como principal ciudad receptora
Mercado explicó que Bogotá recibe entre 20.000 y 30.000 víctimas cada año, y que la ciudad ha respondido con una política social robusta que articula salud, educación e inclusión económica. Destacó la activación de una ruta de inclusión productiva y el enfoque en integración local, ya que el 70 % de las víctimas que llegan deciden quedarse. También mencionó el trabajo con comunidades étnicas, como la población emberá, para que puedan reconstruir sus proyectos de vida en la ciudad.
Críticas al manejo de la Unidad para las Víctimas
La consejera calificó como 'malo' el manejo de la UARIV durante el gobierno de Petro, señalando que la entidad tuvo más de cinco directores en cuatro años, la mayoría sin experiencia en política de víctimas. Denunció incumplimientos sistemáticos en la entrega de ayudas humanitarias, mala ejecución de recursos (con un presupuesto anual de 4,4 billones de pesos) y una supuesta cooptación por actores políticos, citando denuncias del senador Gustavo Moreno.