Un fallo que transforma la justicia restaurativa
Sofía, una madre cabeza de familia condenada a 54 meses de prisión por hurto en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, había solicitado en repetidas ocasiones acceder al beneficio de la Ley de Utilidad Pública, que permite a mujeres en su condición salir de prisión para realizar trabajo comunitario. Sin embargo, los juzgados le negaron el beneficio argumentando que no había probado una conexión entre su conducta y su situación de marginalidad, y que sus hijos estaban al cuidado de la abuela materna.
La decisión de la Corte Constitucional
A través de la sentencia T-147 de 2026, la Corte Constitucional le ordenó al Juzgado 85 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá estudiar nuevamente la solicitud de Sofía. La alta corte recriminó a los jueces por no haber tenido en cuenta las pruebas presentes en la condena, como el contexto de vulnerabilidad social, el abandono familiar, la baja escolaridad y la situación de calle que llevaron a Sofía a cometer el delito.
Al momento de los hechos era madre de tres hijos menores de edad que dependían económica y afectivamente de ella. En juicio oral declaró que se encontraba atrasada en el pago del arriendo, que había sido presionada para desocupar el inmueble y que carecía de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación.
El impacto en los derechos de los menores
La Corte Constitucional enfatizó que el interés superior de los derechos de niños, niñas y adolescentes debe ser uno de los criterios de interpretación más relevantes para las autoridades judiciales. La presencia de una abuela o hermana que asume el cuidado tras la captura no elimina automáticamente la condición de jefatura ejercida por la madre, ni convierte en inexistente la responsabilidad estructural que recaía sobre ella.
La Ley de Utilidad Pública y su implementación
La Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, permite a madres cabeza de familia salir de prisión a cambio de trabajo comunitario. Sin embargo, según la Corte, su implementación ha sido inferior a la esperada: solo 204 decisiones favorables a nivel nacional, que cobijan a 201 mujeres, frente a una estimación de entre 2.000 y 4.000 potenciales beneficiarias.
El fin constitucional del subrogado no consiste en favorecer a la persona condenada ni en relativizar el ius puniendi del Estado, sino en garantizar que la ejecución de la pena no produzca efectos desproporcionados sobre sujetos de especial protección constitucional, en particular niños, niñas y personas dependientes que no han participado en la conducta punible.
Un llamado a la justicia restaurativa
La Corte Constitucional reconoció el papel de la Ley de Utilidad Pública en la sociedad y destacó la importancia de mantener mecanismos de justicia restaurativa en lugar de medidas punitivas. Ordenó a los jueces evaluar a profundidad los contextos para otorgar cada vez más beneficios, priorizando la unidad familiar, la estabilidad económica del hogar y el desarrollo integral de los menores dependientes.