Alias Calarcá, jefe disidente de las Farc, ha consolidado su control armado en Meta, Caquetá y Guaviare, ordenando extorsiones, desplazamientos forzados, ataques militares y delitos ambientales, según un informe de la Fiscalía. A pesar de estos señalamientos, el Gobierno lo nombró vocero en la mesa de diálogos para la ‘paz total’ desde finales de 2023.
La fiscal general Luz Adriana Camargo envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando revocar la calidad de miembro de la delegación de paz de Calarcá y reactivar su búsqueda judicial. Hasta la fecha, el mandatario no ha respondido, generando dudas sobre la voluntad de paz del Gobierno frente a este caso.
El expediente criminal contra Calarcá incluye asesinatos masivos, como la masacre en El Retorno (Guaviare) en enero de 2026, donde murieron decenas de disidentes con presencia de menores de edad, ataques explosivos continuos al sector comercial en Meta, uso de minas antipersonales contra las Fuerzas Militares y el asesinato de la mayora indígena Carmelina Yule en Cauca.
Desde 2024, con la suspensión de sus órdenes de captura para facilitar su participación en los diálogos de paz, Calarcá ha fortalecido su estructura criminal, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, con más de 2.900 integrantes, y ha continuado sus actividades ilegales vinculadas a extorsión, narcotráfico y minería ilegal.
Disputa jurídica sobre la reactivación de órdenes de captura
Existe un debate político y jurídico sobre quién tiene la competencia para reactivar las órdenes de captura contra miembros de grupos armados organizados en proceso de paz. La Fiscalía sostiene que puede hacerlo, mientras que la Oficina del Consejero Comisionado afirma que esta facultad corresponde exclusivamente al Presidente.
La controversia se basa en interpretaciones de la Corte Constitucional y la ley de ‘paz total’, con diferentes posiciones en el Ejecutivo y la Fiscalía. El Ministerio de Justicia actúa como mediador para buscar un acuerdo que permita actuar de manera conjunta.
“Acto que desvirtuó de plano la voluntad genuina del miembro representante de no cometer nuevos delitos, a tan solo dos meses de recibir el beneficio”,
El caso de alias Calarcá se convierte en un símbolo de las dificultades para implementar la ‘paz total’ en Colombia, evidenciando la tensión entre la búsqueda de acuerdos y la necesidad de justicia frente a la persistencia de la criminalidad organizada.