La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció amenazas de muerte y la vandalización de su sede de campaña en Bucaramanga, hechos que reavivaron el debate sobre la seguridad de los aspirantes al poder Ejecutivo en Colombia.
En respuesta, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció una recompensa de hasta $1.000 millones para quien brinde información que permita prevenir ataques contra candidatos presidenciales, reforzando así las garantías en el proceso electoral.
El expresidente Álvaro Uribe, junto con el representante Andrés Forero y la senadora Paloma Valencia, han exigido garantías totales para la campaña, recordando además el caso del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio, como ejemplo de los riesgos que enfrentan los políticos en el país.
Iván Cepeda rechazó las amenazas contra Paloma Valencia: 'Condeno cualquier agresión contra mis adversarios', expresó en un llamado a la convivencia democrática.