Uno de los momentos más emblemáticos del gobierno de Gustavo Petro fue cuando, en su primer discurso presidencial en junio de 2022, entregó el micrófono a Yenny Medina, madre de Dylan Mauricio Cruz, joven muerto en una protesta social. En ese acto, Medina alzó la voz por todas las víctimas de los falsos positivos y de casos como los de Nicolás Neira y Diego Felipe Becerra, exigiendo justicia y destacando el compromiso del gobierno con la justicia social.
Sin embargo, esta escena contrasta con la actual negativa del gobierno y entidades como la Fiscalía y la Policía Nacional a reparar a la familia de Nicolás Neira, asesinado en 2005 durante una manifestación en Bogotá. El Estado, representado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), no logró concertar un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el caso está en trámite desde 2021.
El impacto en la comunidad y la memoria de Nicolás Neira
Nicolás Neira, de 15 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza con un proyectil de arma lanzagases por parte del exagente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa, quien fue condenado en doble instancia por homicidio. El caso también evidenció un complot para encubrir el crimen, lo que generó gran indignación y afectó la percepción sobre la actuación policial en contextos de protesta social.
A pesar de las condenas judiciales, la CIDH decidió estudiar el caso para evaluar la posible responsabilidad del Estado colombiano, sobre todo por la conducta de la Policía Nacional ante manifestaciones sociales, convirtiéndose en un asunto emblemático para Colombia y la región.
La familia de Neira, representada por su padre Yuri Neira, quien reside en España y ha llevado una constante incidencia política, ha solicitado un acto de reparación simbólica que incluya la colocación de una tela gigante con la imagen y datos de Nicolás en las fachadas de la Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional durante seis días, periodo que corresponde a la convalecencia de Nicolás en el hospital antes de su muerte.
La petición tiene un fuerte valor simbólico para la familia, que acusa a estas instituciones de demora injustificada, encubrimiento y revictimización. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el gobierno, que tampoco autorizó excusas públicas de alto nivel ni aceptó la indemnización económica ofrecida, pues la familia prioriza la dignidad y la memoria sobre el dinero.
El fracaso de la negociación y sus consecuencias
Tras meses de reuniones desde octubre de 2023, el proceso de solución amistosa llegó a su fin cuando la familia notificó a la CIDH el cierre del diálogo, debido a la falta de voluntad política y seriedad para abordar el caso. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado confirmó que la etapa exploratoria terminó sin acuerdo y que el proceso continúa bajo confidencialidad.
Con esta decisión, la CIDH retomará el trámite del expediente que podría culminar en un informe de fondo y eventualmente llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual podría emitir una sentencia con medidas de reparación integral de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.
Este revés afecta la imagen de la iniciativa gubernamental de soluciones amistosas, que había logrado avances importantes en otros casos emblemáticos, como el acto de disculpas públicas a familias de periodistas asesinados en Segovia en 1991, y la creación de una beca en memoria de las víctimas.
“No haber tenido voluntad política y seriedad en este caso demostró que todo el discurso de transformación de la Policía en este Gobierno es una falacia, además, que es preferible mantener el discurso de héroes policiales hechos de sangre, vidas y ojos de las personas que protestan, en lugar de construir una fuerza pública digna y legítima”, dijo Germán Romero, defensor de la familia Neira.
Expertos en resolución de conflictos señalan que las reparaciones simbólicas, aunque no pueden devolver la vida ni reparar por completo el daño, son fundamentales para dignificar a las víctimas y ayudar a las familias a procesar el dolor y construir memoria social.