Noticia Exclusivo suscriptores ANT pagó casi $1 billón por tierras y solo tres predios quedaron a nombre del Estado, alerta ContraloríaAsí lo establece un informe de auditoria financiera sobre el manejo de los recursos de la entidad durante 2025. Estos son los detalles.A la izquierda, Felipe Harman, exdirector de la ANT. A la derecha, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. Foto: Archivo EL TIEMPOLink Jhoan Sebastian Cote Lozano06.07.2026 06:01 Actualizado: 06.07.2026 06:01 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Un reciente informe de autoría financiera de la Contraloría General de la República, de 178 páginas, determinó graves deficiencias con el manejo de los recursos asignados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la vigencia 2025. El órgano de control determinó que la entidad dirigida por Felipe Harman desembolsó casi un billón de pesos por 537 predios adquiridos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero al cierre del año pasado, solo tres quedaron registrados oficialmente a nombre de la Nación.Primicia: Tribunal le ordena al director de la Policía Nacional disculparse con la familia de Dilan CruzEl hallazgo fiscal, que ya fue remitido a la oficina central de la ANT, se centra en la compra de 537 predios adquiridos mediante dos contratos interadministrativos suscritos entre la ANT y la SAE, por $500 mil millones y $479 mil millones, respectivamente. Según la Contraloría, aunque el Estado ya ha pagado prácticamente la totalidad de los recursos, únicamente tres inmuebles habían culminado el proceso de registro e ingresado formalmente al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, al momento del cierre de la auditoría.La investigación es de la Contraloría. Foto:Archivo particular “Se evidenció que, pese a existir inicialmente cláusulas contractuales que condicionaban los pagos al cumplimiento de hitos registrales y de transferencia jurídica, estas fueron flexibilizadas durante la ejecución contractual, permitiendo la ejecución total de los recursos antes de culminar el proceso de tradición y formalización registral de los inmuebles. La situación descrita generó que la ANT efectuara pagos integrales sin contar con la consolidación de la titularidad jurídica de la totalidad de los predios objeto de adquisición”, se lee en el informe conocido por EL TIEMPO.La auditoría concluyó que durante la ejecución de los contratos fueron modificadas las condiciones inicialmente pactadas, permitiendo que la ANT girara el 100 % de los recursos antes de que culminara el proceso de escrituración y registro de los inmuebles. Ese cambio, refiere el informe, dejó al Estado sin la seguridad jurídica sobre bienes que ya habían sido pagados con recursos públicos. Es decir, aunque el dinero salió de las arcas nacionales, la propiedad de los terrenos todavía no se había perfeccionado legalmente mediante la inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.Masacre, drones y explosivos: la guerra en el corazón de Magdalena que dejó tres indígenas muertos llega a los juecesPara la Contraloría, esa situación expone el patrimonio público a riesgos importantes. Mientras los predios no estén registrados a nombre de la Nación, podrían verse afectados por medidas cautelares, embargos, reclamaciones de terceros o procesos judiciales que dificulten posteriormente su destinación para la reforma agraria.Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Foto:Archivo Particular El informe también advierte que la falta de registro impide que el Estado pueda adjudicar formalmente esos terrenos a campesinos beneficiarios, retrasando el cumplimiento de las metas previstas dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro en materia de acceso a tierras. “Se evidenció que la ausencia de inscripción registral limita la posibilidad de disposición y adjudicación formal de los predios en el marco de la política de Reforma Rural Integral y del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo”, se hace hincapié en el texto.Uno de los aspectos más delicados del hallazgo tiene sustento en el Código Civil colombiano. La Contraloría recuerda que el contrato de compraventa únicamente constituye el título, mientras que la propiedad de un inmueble solo se transfiere cuando se realiza la tradición, es decir, la inscripción del acto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así las cosas, el órgano de control concluyó que la ANT terminó pagando completamente unos activos sobre los cuales todavía no tenía consolidado el derecho real de dominio, una situación que, a su juicio, desconoce principios básicos de seguridad jurídica y gestión eficiente del patrimonio estatal.Cae alias Veneno, señalado jefe del centro de entrenamiento del ‘clan del Golfo’ en BolívarLa respuesta de la ANTFrente a las observaciones, la Agencia Nacional de Tierras rechazó que hubiera actuado al margen de la normatividad y explicó que los contratos con la SAE continuaban en ejecución al cierre de 2025, razón por la cual los procesos de escrituración y registro todavía no habían finalizado."Es importante señalar que, los predios que se encuentran en trámite de adquisición con la SAE se tramitan en el marco del convenio suscrito entre ANT y SAE. Teniendo en cuenta que el trámite de adquisición predial se da en el marco de una actuación administrativa (...), una vez finalizadas las etapas de consolidación de insumos como el informe de saneamiento predial y elaboración de avalúo se materializará la etapa de escrituración y registro. Así, para la vigencia de 2025 aún nos encontrábamos en consolidación de los insumos que servirán para en el primer semestre de 2026 finalizar los procesos de adquisición predial con la SAE", explicó la entidad.Amelia Pérez, presidenta de la SAE. Foto:SAE El organismo que entonces estaba dirigido por Felipe Harman también argumentó que los predios provenientes de la SAE presentan dificultades particulares debido a su origen en procesos de extinción de dominio y despojo, lo que ha obligado a superar problemas de seguridad, ocupaciones, recuperación material de terrenos y levantamientos topográficos antes de concluir los trámites registrales.Además, la ANT sostuvo que la adquisición se realizó bajo la figura de “enajenación temprana”, mecanismo utilizado por la SAE y contemplado en la legislación para permitir la compra de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio antes de que exista una decisión definitiva por parte de los jueces de la República. La Agencia insistió en que la actuación administrativa respetó plenamente el marco jurídico vigente y las competencias de cada una de las entidades involucradas: la autoridad judicial de extinción de dominio, la SAE como administradora de los bienes y la propia ANT como compradora de los inmuebles.Alto comisionado para la Paz confirma la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’ a manos del Eln: era señalado del magnicidio de Miguel UribeLa Contraloría insiste en los riesgosSin embargo, la Contraloría consideró que la explicación de la ANT no desvirtúa el núcleo del hallazgo. "La entidad auditada no controvierte el hecho central observado por la CGR (...) acepta expresamente que los trámites de escrituración y registro aún se encontraban pendientes. En consecuencia, la entidad confirma el supuesto fáctico principal de la observación: la ejecución total de recursos públicos sin consolidación de la tradición y sin transferencia efectiva del derecho real de dominio a favor de la Nación".Contralor Carlos Hernán Rodríguez, durante la cumbre liderada por EL TIEMPO. Foto:EL TIEMPO Para el órgano de control, el hecho de que la ley permita acudir a la figura de la enajenación temprana no elimina la obligación constitucional de proteger el patrimonio público y garantizar que los recursos del Estado sean administrados con criterios de eficiencia, economía y seguridad jurídica. La auditoría agrega que la propia respuesta de la ANT confirma la existencia de múltiples contingencias sobre los predios, entre ellas ocupaciones ilegales, problemas de seguridad, inconsistencias catastrales, diferencias en áreas y linderos, saneamientos pendientes y procesos judiciales aún sin resolver.‘La seguridad no es de derecha ni de izquierda’: Hugo AceroPrecisamente por esas dificultades, concluye la Contraloría, el Estado asumió un riesgo patrimonial al ejecutar la totalidad de los recursos antes de contar con la titularidad registral efectiva de los inmuebles, lo que podría afectar la implementación de la reforma agraria si algunos de esos bienes enfrentan nuevas controversias jurídicas. El hallazgo, así entonces, se convierte en uno de los más relevantes de la auditoría practicada a la Agencia Nacional de Tierras durante 2025, no solo por la magnitud de los recursos comprometidos, sino porque deja en entredicho la seguridad jurídica de bienes que van a ser entregados al campesinado y sujeto de la Reforma Agraria.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. 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