En una operación que se cumplió en calma, las autoridades desalojaron a más de mil personas del asentamiento Brisas de las Torres, ubicado en el corregimiento de Navarro, al suroriente del casco urbano de Cali. La diligencia se realizó el 22 de julio de 2026, luego de un litigio que se extendió por cinco años entre la empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP (ISA), dueña del terreno, y las familias que ocupaban la zona.
Un desalojo con sello de crisis humanitaria
El predio en disputa es una franja de servidumbre eléctrica, es decir, un área delimitada a lo largo de infraestructuras de líneas de alta tensión. Según la Alcaldía de Cali, cerca de 400 hogares serán demolidos por invadir el predio privado y vivir debajo de las torres de energía. José Éigner López, uno de los moradores, recordó cuando salió desplazado de Chocó por grupos armados: "Nosotros llegamos al sector durante la pandemia. Somos muchas familias y nos dijeron que debíamos desalojar, pero no tenemos una vivienda digna".
Las cifras detrás del desalojo
- 390 hogares y 1.226 personas, según caracterización de la Secretaría de Vivienda.
- 486 son niños, niñas y adolescentes.
- 453 jefes de hogar son víctimas del conflicto armado.
- Hay madres cabeza de familia, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
El llamado de la Personería de Cali
"Su ejecución responde a cumplir las decisiones de las autoridades, pero también pone de manifiesto atender la crisis humanitaria". — Gerardo Mendoza, personero de Cali.
El personero ha insistido en la caracterización de la población, en el diseño de un plan de contingencia y en que se ofrezcan alternativas de vivienda y reubicación. "Este caso deja al descubierto las profundas falencias en materia de prevención, atención y solución de los fenómenos de ocupación informal", agregó.
El origen del conflicto: una tutela de 2024
El litigio comenzó cuando ISA reclamó la restitución del predio mediante una acción de tutela fallada a su favor contra las secretarías de Bienestar Social y Vivienda del distrito y la misma Alcaldía. La decisión fue ratificada en segunda instancia por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad en 2024. ISA señaló que desde el 12 de agosto de 2021 se evidenció la perturbación en las zonas de servidumbre eléctrica con al menos 400 ramadas o cambuches.
La postura de la Alcaldía de Cali
La Administración distrital aseguró que desde 2024 ha adelantado acciones permanentes para la atención de la población asentada, incluyendo caracterización socioeconómica y oferta de subsidios de arrendamiento. "La jurisprudencia establece la obligación de garantizar el debido proceso, la caracterización de la población, la identificación de sujetos de especial protección y la adopción de medidas de atención diferencial. Esto se ha cumplido estrictamente", indicó un comunicado oficial.
Las solicitudes de las familias
- Aumentar el valor del auxilio de arriendos.
- Realizar una nueva jornada de postulación.
- Garantizar vivienda para las familias víctimas del conflicto asentadas en el sitio.
Estas peticiones están bajo análisis y no se ha tomado una decisión al respecto. La comunidad informó que más de un centenar de hogares habría accedido al proceso para obtener el subsidio distrital de arrendamiento temporal.
Un dilema social que persiste
El personero Mendoza concluyó: "La protección de los derechos humanos exige que las decisiones judiciales y administrativas se cumplan, pero también que su ejecución esté acompañada de medidas reales que eviten nuevas vulneraciones. Cada desalojo debe representar una oportunidad para ofrecer soluciones sostenibles y no el inicio de un nuevo ciclo de exclusión, precariedad y desplazamiento para las familias afectadas".