La Fuerza Pública asumió una de las mayores responsabilidades durante una de las jornadas más importantes y de mayor tensión política para el país: garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Para cumplir con esta misión, la Policía Nacional desplegó alrededor de 120.000 uniformados a través de un amplio operativo de vigilancia y control que incluyó más de 12 sobrevuelos, equivalentes a más de 65 horas de vuelo, con el objetivo de monitorear la movilidad, el orden público y el desarrollo de las votaciones en diferentes regiones del país.
Un operativo aéreo sin precedentes
Desde el aire, los pilotos de la institución supervisaron el comportamiento de las principales ciudades y de puntos estratégicos, especialmente aquellos puestos de votación con alta afluencia de ciudadanos. Según las autoridades, en materia de orden público y movilidad no se registraron hechos de gravedad que afectaran el normal desarrollo de los comicios.
Por su parte, el Ejército Nacional dispuso más de 228.000 hombres y mujeres para reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales, garantizando la protección de la infraestructura electoral y de los ciudadanos.
Siete capturas por delitos electorales
Al término de la jornada, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, entregó un balance en el que reportó siete capturas por presuntos delitos electorales. Cinco de ellas se registraron en Popayán por el delito de corrupción al sufragante; una en Valledupar por voto fraudulento y otra en Cali por presunta alteración de resultados electorales.
Asimismo, fueron realizadas siete capturas en flagrancia relacionadas con hechos que afectaban el certamen democrático. Cinco ocurrieron en Funza, Cundinamarca, por el delito de daño en bien ajeno, mientras que una más se registró en Cumaral, Meta, por la presunta suplantación de un testigo electoral.
84 capturas por orden judicial y más de 98 llamadas anticorrupción
A estas acciones se suman 84 capturas por orden judicial. De acuerdo con las autoridades, estas personas fueron identificadas durante los controles y verificaciones realizados en los puestos de votación. Los delitos más recurrentes por los cuales eran requeridas incluían homicidio, hurto y delitos sexuales.
La Policía también informó que recibió 98 llamadas a través de la Línea Anticorrupción 157. Del total, 31 estuvieron relacionadas con posibles delitos electorales y 67 correspondieron a situaciones de convivencia ciudadana. Como resultado de estas denuncias, se adelantaron 20 verificaciones por presuntas irregularidades electorales.
De igual forma, el sistema URIEL, plataforma habilitada por el Gobierno para recibir denuncias sobre transparencia electoral, registró 804 quejas durante la jornada.
Incautación de 112 millones de pesos
Otro de los hechos reportados por las autoridades fue la incautación de aproximadamente 112 millones de pesos, tras la captura de un joven de 18 años la noche anterior a las elecciones, a quien se le incautaron 111 millones de pesos. Asimismo, en la captura realizada a cinco personas en Valledupar por delitos electorales se incautaron alrededor de un millón y medio de pesos. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el origen y destino de estos recursos.
Plan Democracia continúa activo
Por ahora el denominado Plan Democracia no concluye. Debido a la polarización política que ha marcado esta contienda electoral y la expectativa por los próximos días, las autoridades mantendrán los dispositivos de seguridad para prevenir alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.