Un operativo que sacude los cimientos de la gestión de riesgos
En la mañana de este viernes 31 de julio, funcionarios del grupo élite de policía judicial de la Contraloría llegaron hasta las oficinas de la Fiduprevisora, la entidad de economía mixta encargada de administrar recursos financieros públicos y privados en Colombia. La visita, que también incluyó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca verificar la trazabilidad de los dineros públicos desde su asignación hasta su ejecución contractual.
El detonante: un contrato de $33 mil millones bajo la lupa
La acción de la Contraloría se da en un contexto de alertas. Por un lado, la entidad había emitido una función de advertencia contra el Ministerio de Hacienda y el Gobierno nacional por la cascada de contratos tras el levantamiento de la Ley de Garantías. Por otro, EL TIEMPO reveló supuestas irregularidades en un contrato por $33 mil millones para el alquiler de computadores, que finalmente fue suspendido por la Fiduprevisora.
- La Procuraduría alertó sobre la falta de documentos claves en el proceso de contratación.
- La Fiduprevisora dio por terminado el contrato tras las denuncias.
- El operativo de la Contraloría incluyó la recopilación de documentación y la verificación de la actividad presupuestal.
La sombra de la contratación directa
Según el órgano de control, entre el 22 de junio y el 21 de julio se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos, lo que representa un incremento del 22,5% en comparación con el período de la Ley de Garantías. De esos, más de 11.000 fueron adjudicados mediante contratación directa, una cifra que enciende las alarmas fiscales.
El propósito es verificar la trazabilidad de los recursos públicos desde su asignación, giro y ejecución contractual, en el marco de la Función de Advertencia emitida por la Contraloría.
Ocho riesgos que exigen vigilancia permanente
La función de advertencia identificó hasta ocho factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo, requieren seguimiento permanente. Entre ellos, la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público, en medio de presiones de caja y rezagos en reservas presupuestales que enfrenta el Gobierno.