A solo 30 minutos de La Hormiga, en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), 99 disidentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) completan un mes de concentración en la única Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que logró instalarse bajo la política de paz total. Su destino es incierto: la nueva administración de Abelardo De La Espriella, que asume el poder en cuatro días, ha prometido desmantelar todos los procesos de paz.
Un proceso que camina sobre la cuerda floja
La delegación del Gobierno realizará su última visita a la zona antes del cambio de mando. Allí, los combatientes -que entregaron 105 armas y más de 24.000 municiones- esperan una señal sobre la continuidad del proceso. La mayoría pertenece a los Comandos de Frontera, facción liderada por alias Araña, solicitado en extradición por narcotráfico, pero sobre los 99 integrantes no pesan órdenes de extradición ni acusaciones por crímenes graves.
Quieren trabajar, emprender, ser empresarios y estudiar. Nosotros, como autoridad municipal, tenemos que hacer ese acompañamiento.
La incertidumbre ante el ultimátum presidencial
El nuevo presidente ha sido tajante: solo contemplará sometimientos bajo la ley ordinaria, con penas plenas. Esto choca con el espíritu de la ZUT, que busca una reintegración gradual. El jefe negociador del Gobierno saliente, Armando Novoa, advierte que levantar la zona sin alternativas podría empujar a los jóvenes a retomar las armas.
No tendría ningún sentido levantar la Zona de Ubicación Temporal, no dejar que siga el curso para el cual fue contemplada y obligar a la gente que está adentro a que huya de la zona y vuelva a las armas.
El impacto en la comunidad y la oferta institucional
Mientras tanto, la Alcaldía local y la Iglesia han manifestado su apoyo. Las secretarías municipales ya presentaron su oferta institucional, incluyendo proyectos productivos y de reparación a víctimas. Sin embargo, el protocolo establece que si el nuevo Gobierno decide terminar el proceso, deberá notificar con 72 horas de anticipación para que los ocupantes desalojen la zona.
- Apoyo de la Iglesia para procesos comunitarios, espirituales y productivos.
- Capacitación en acciones tempranas de reparación a víctimas.
- Estructuración de proyectos productivos para la transición a la vida civil.
La palabra de los protagonistas
Betty Adriana Rincón, lideresa social del Putumayo, defiende el proceso: 'Estas personas que ingresaron tienen una mentalidad de contribuir a la paz y a la transformación de nuestro territorio'. La decisión final está en manos del nuevo gobierno, y el tiempo corre.