Una hoja de ruta para transformar la justicia
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, entregó al Congreso el informe final de la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia (CARJ). El documento reúne 14 proyectos de reforma legislativa y constitucional que buscan atender los principales retos del sistema judicial, como el acceso a la justicia, la modernización de los procesos y la protección de las víctimas.
Las propuestas fueron construidas durante cuatro años con la participación de entidades del sector justicia, académicos, organizaciones sociales y expertos. Según el Ministerio, estas iniciativas quedan a disposición del próximo Congreso para que sirvan como base del debate y eventual trámite legislativo.
Enfoque de género y atención a víctimas
Uno de los proyectos más destacados es la creación de un sistema especializado para atender las violencias basadas en género. La propuesta contempla nuevas dependencias en la Fiscalía, jueces especializados y centros judiciales que integren atención psicológica, representación jurídica e investigación penal. También se plantean ajustes en la valoración de pruebas y reglas para reducir los tiempos de los procesos.
En materia de reparación, se eliminaría el límite de tiempo para presentar acciones de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o infracciones graves al derecho internacional humanitario.
Reformas al sistema penal y carcelario
- Modificar las reglas sobre allanamientos, preacuerdos y negociaciones con la Fiscalía.
- Establecer criterios más claros para las rebajas de pena y un régimen diferenciado para delitos graves.
- Eliminar definitivamente el sistema procesal de la Ley 600 de 2000 para unificar el modelo acusatorio.
- Regular los casos en que la Fiscalía solicita la absolución de un procesado.
- Ajustar las reglas de la libertad condicional, con énfasis en el comportamiento del condenado, la resocialización y la colaboración con la justicia.
También se propone una reforma al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, para que la responsabilidad penal se concentre en los casos con intención de obtener un beneficio indebido, dejando los errores administrativos a otras vías de control.
Independencia judicial y justicia restaurativa
Uno de los proyectos de reforma constitucional plantea modificar el sistema disciplinario de los funcionarios elegidos por voto popular, trasladando la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilidad desde la Procuraduría hacia órganos judiciales, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, se propone ampliar el alcance de la justicia restaurativa, permitiendo su aplicación en más etapas del proceso penal y fortaleciendo su presencia en zonas rurales mediante la participación de universidades y comunidades. También se incluye una actualización del derecho laboral colectivo, con cambios en la creación de sindicatos, la negociación colectiva, la huelga y las nuevas modalidades de trabajo.
Los proyectos y el informe final quedaron disponibles para consulta pública a través del Ministerio de Justicia y su eventual trámite dependerá de las decisiones que adopte el Congreso de la República.