La Auditoría General de la República advirtió un aumento significativo en la contratación pública territorial en los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales. El análisis, realizado por el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal, revisó más de 5.5 millones de contratos suscritos entre noviembre de 2021 y enero de 2026, basándose en reportes de contralorías territoriales en el sistema SIA, módulo OBSERVA.
Entre los hallazgos más relevantes, se destaca que el 1 y 2 de enero de 2026 se firmaron 28.239 y 19.268 contratos respectivamente, cifras superiores al promedio diario del mes, a pesar de que el primer día del año es festivo y muchas oficinas están cerradas, lo que limita la capacidad institucional.
El informe señala un patrón recurrente de aumento en el volumen y valor de contratación justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, especialmente en los periodos electorales de 2022 y 2026. En enero de 2022 se suscribieron cerca de 350.000 contratos directos antes de la restricción, cifra que descendió a 8.370 durante la aplicación de la norma. En 2026, se reportaron 262.820 contratos directos antes de la restricción y solo 560 durante su vigencia.
La modalidad de contratación directa es la más utilizada por las entidades territoriales, representando en promedio el 62% del total de contratos, tanto en periodos electorales como no electorales. Este uso predominante contrasta con el espíritu de la Ley 80 de 1993 y la normativa electoral.
Además, se evidenció un incremento en la contratación interadministrativa antes de elecciones locales, como ocurrió en 2023. En cuanto a la destinación del gasto, la mayoría de contratos de enero de 2026 se concentraron en fortalecimiento institucional, seguido por salud y protección social, aunque esta concentración no necesariamente se traduce en gasto social prioritario.
“Durante las fechas de restricción de la Ley de Garantías Electorales, se reportan contratos directos e indirectos que, por su objeto, parecen corresponder a excepciones legales asociadas a bienes y servicios para atender procesos de salud, infraestructura, emergencia, entre otros; sin embargo, es necesario realizar una revisión profunda para identificar posibles riesgos al incumplimiento de la normativa. Se evidencia una concentración del gasto público en fortalecimiento institucional y gestión pública, aspectos que no corresponden al gasto social.”
El boletín concluye que estos comportamientos reflejan patrones recurrentes en contextos electorales, lo que plantea importantes retos en materia de control fiscal y transparencia en el uso de los recursos públicos.