La Universidad Autónoma del Caribe enfrenta un complejo escenario jurídico y administrativo luego de que el Juzgado Segundo Municipal de Barranquilla ordenara la restitución de Silvia Gette como rectora bajo estatutos de 2013, decisión que Jorge Senior, rector hasta esta semana, considera que desconoce la normativa actual.
Senior, quien fue elegido rector en propiedad por el Consejo Superior para un periodo de cuatro años hasta 2030, sostiene que el fallo genera una inseguridad jurídica al no aclarar el estatus de su contrato ni de sus derechos laborales, y afirma que un juez municipal carece de competencia para disolver un contrato vigente sin el debido proceso.
"Dejo claro que el Consejo Superior no ha renunciado, ninguno de sus miembros. Yo tampoco he renunciado. Acatamos el fallo aceptando el ingreso de la nueva administración." - Jorge Senior
El conflicto se profundiza por la discrepancia entre los estatutos de 2013 y los nuevos reglamentos adoptados en 2020 y 2021, que actualmente rigen la universidad y bajo los cuales se firmó el contrato de Senior. El rector advierte que retroceder a normativas antiguas provoca un choque con el Ministerio de Educación, encargado de la vigilancia y registro de cambios en la representación legal.
Durante sus 25 meses de gestión, Senior defendió una administración honesta y prudente, sin venta de bienes universitarios y con esfuerzos legales para proteger la infraestructura. Reconoció un aumento en la deuda de seguridad social, atribuyéndolo a intereses y no a mala administración.
Por otro lado, Silvia Gette, quien asumió la rectoría el 27 de abril, recibe una universidad con una deuda acumulada superior a 210 mil millones de pesos, retrasos en pagos salariales y una caída significativa en la matrícula estudiantil, que pasó de 14.000 a menos de 6.400 alumnos.
"Hay muchas cosas que tenemos que recuperar, pero esto yo sola no lo puedo hacer. Por más que tuviera cien brazos, no sería posible." - Silvia Gette
Gette reconoció la gravedad de la crisis y expresó su compromiso para rescatar y estabilizar la institución, señalando que su salida anterior estuvo rodeada de controversias e ilegalidades.
El panorama actual evidencia un choque entre administraciones y normativas, con implicaciones legales y financieras que afectan el futuro de la Universidad Autónoma del Caribe.