La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una decisión unánime que impulsa la creación y puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural, estableciendo que esta debe comenzar a operar de manera gradual a partir de 2027.
El alto tribunal resolvió una demanda contra varios artículos del Decreto Ley 902 de 2017, declarando su constitucionalidad bajo la condición de que la competencia judicial en materia agraria permanezca en manos de las autoridades actuales mientras se implementa la nueva jurisdicción.
Para evitar vacíos en la administración de justicia, los jueces civiles y administrativos continuarán conociendo los procesos relacionados con conflictos de propiedad, uso y tenencia de la tierra hasta que los juzgados y tribunales agrarios estén plenamente operativos.
La Corte también exhorta al Congreso a expedir con urgencia la ley que definirá el procedimiento especial agrario, norma fundamental para el funcionamiento efectivo de esta nueva jurisdicción especializada.
Esta medida es clave para la implementación del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó la jurisdicción agraria con el objetivo de que los conflictos sobre tierras sean resueltos por jueces expertos, garantizando el derecho al juez natural y fortaleciendo la seguridad jurídica.
La decisión busca además apoyar la reforma rural integral, uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz, en un contexto donde la protección de los derechos sobre la tierra es vital para la estabilidad social y la justicia en zonas rurales.