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Cambio Radical pide vigilancia especial a Procuraduría y Contraloría sobre contratación pública en transición de gobierno

Cambio Radical pide a Procuraduría y Contraloría vigilar contratación pública en la transición de gobierno, alertando sobre posibles irregularidades y defendiendo el patrimonio estatal.

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Foto: La voz del país

El Partido Cambio Radical solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República conformar equipos especiales de vigilancia y control para hacer seguimiento a los procesos de contratación pública en todas las entidades del Estado durante el periodo de transición entre la administración de Gustavo Petro y el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La petición fue realizada mediante una carta firmada por el director adjunto de la colectividad, Enrique Vargas Lleras, y dirigida al procurador Gregorio Eljach Pacheco y al contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. En el documento, el partido sostiene que es necesario adoptar medidas inmediatas para garantizar la transparencia, la legalidad y la integridad de la contratación estatal antes de la posesión del nuevo Gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto.

Vigilancia activa y sistemática

Según el comunicado, los organismos de control deberían ejercer una vigilancia 'activa, sistemática y sin concesiones' sobre los contratos que se adelanten en las entidades públicas de orden nacional y territorial.

El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de todo su período, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público han sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos

En esa línea, Cambio Radical argumentó que las situaciones que, a su juicio, han afectado el patrimonio público vuelven necesario que se monitoreen los procesos contractuales desde este momento hasta la posesión presidencial, con el fin de impedir que se comprometan de forma indebida los recursos públicos o que se limite la capacidad de gestión de la administración entrante.

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