Mediante el Decreto 0585 de 2026, el Gobierno adoptó el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADH), que será la hoja de ruta para orientar durante los próximos diez años, hasta 2036, las acciones de todas las entidades públicas en materia de prevención, protección y garantía de los derechos humanos.
El respaldo de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo destacó la expedición del plan y señaló que 'adopta un enfoque basado en derechos humanos que reconoce a las personas como titulares de derechos y al Estado como sujeto obligado a respetarlos, protegerlos y garantizarlos, incorporando principios de igualdad, no discriminación, progresividad, participación y rendición de cuentas'.
Asimismo, la entidad hizo un llamado al nuevo Gobierno, que se posesionará el próximo 7 de agosto, para que adopte el plan como una prioridad y haga realidad su implementación.
Una política de Estado, no de gobierno
Con la expedición del PNADH, este deja de ser una iniciativa de un gobierno en particular para convertirse en una política pública de Estado. Esto significa que su ejecución no dependerá del gobierno de turno, sino que tendrá continuidad obligatoria durante los diez años de vigencia establecidos en el decreto (2026-2036).
La Defensoría llamó a implementar el Plan de mano de las comunidades y de toda la sociedad.
Origen y objetivos del plan
El plan surge como respuesta a los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz y a las recomendaciones de organismos internacionales, con el propósito de superar la desarticulación institucional en materia de derechos humanos.
La entidad encargada de liderar su implementación y hacer seguimiento a su cumplimiento será la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, actualmente dirigida por la consejera Lourdes Castro.