En un operativo sin precedentes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó a 17 congresistas de la ciudad en el Palacio Liévano para discutir cambios profundos en la política nacional de seguridad, un tema que preocupa a los ciudadanos y que busca trascender el ámbito local para generar impacto en todo el país.
Galán explicó que la iniciativa pretende abrir una conversación pública amplia que incluya desde juntas de acción comunal y organizaciones sociales hasta la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, con el fin de actualizar el marco institucional y normativo para enfrentar eficazmente el delito.
El encuentro marcó distancia con el oficialismo, pues la bancada del Pacto Histórico, mayoritaria en el Congreso, rechazó la invitación argumentando que la discusión debe ser pública y no a puerta cerrada.
El alcalde ha intensificado su discurso sobre seguridad, destacando la necesidad de fortalecer la capacidad estatal para combatir la delincuencia y posicionando a Bogotá como un motor para una discusión nacional sobre herramientas legales y tecnológicas.
“Es necesario actualizar el andamiaje institucional y las normas para luchar contra el delito.”
Expertos como Jairo García, exsecretario de Seguridad de Bogotá, señalan que esta coyuntura es propicia para dialogar con congresistas nuevos y reelegidos, y que las ciudades grandes buscan incidir en la seguridad nacional apoyadas en capacidades institucionales fortalecidas en la última década.
La iniciativa de Galán se enmarca en una tendencia donde alcaldes de otras ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga también promueven estrategias propias para enfrentar la violencia urbana y el crimen organizado.
Durante la reunión se destacaron retos como la necesidad de mejorar el uso de la tecnología en investigaciones, agilizar procedimientos judiciales y abordar la reincidencia criminal en delitos frecuentes como el hurto, que muchas veces no son procesados adecuadamente.
Se discutió también la colaboración entre sector público y privado para el acceso rápido a información clave, y congresistas como Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández expresaron su disposición para avanzar en una agenda legislativa que incluya marcos legales para el uso de inteligencia artificial y más herramientas para la Policía.
Galán resaltó que, aunque las ciudades asumen un rol protagónico, la coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía sigue siendo fundamental en el país, donde no existen policías locales.
“Hoy tenemos un crimen organizado cada vez más sofisticado y no podemos quedarnos atrás frente a ese reto.”