El pasado 25 de abril, un atentado con explosivos en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, Cauca, cobró la vida de 21 campesinos, dejó 35 heridos y destruyó 16 vehículos. Este ataque, perpetrado por las disidencias de las Farc lideradas por alias 'Iván Mordisco', es el peor atentado contra civiles en Colombia en más de dos décadas, comparable solo con el carro bomba en el club El Nogal en Bogotá en 2003.
Durante una semana, en 22 municipios de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, estas disidencias realizaron 40 ataques, evidenciando un aumento significativo de su poderío criminal. A pesar de una mayor presencia militar y policial, la reacción del Estado ha sido insuficiente y la inteligencia no logró prevenir la masacre.
La bomba que explotó contenía más de 500 kilos de pentolita, escondida en las alcantarillas de la vía Panamericana y detonada mientras vehículos y conductores estaban detenidos en un retén ilegal controlado por los criminales. Este nivel de planificación y la impunidad reflejan el control territorial que ejercen las disidencias en la región.
El bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias 'Marlon', mano derecha de 'Iván Mordisco', es la facción más violenta en la zona. Este grupo cuenta con más de 2.600 integrantes y 11 frentes armados, imponiendo un régimen de terror que incluye retenciones arbitrarias, control de la movilidad, imposición de horarios y restricciones en la vida cotidiana de las comunidades.
“Del viernes al sábado, a las 10 de la noche, todo mundo se acuesta, y a las 7 de la noche está todo cerrado: acá no existe el comercio nocturno”, relata un habitante de un corregimiento en Argelia, Cauca.
El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, ha solicitado una intervención urgente del Gobierno nacional, advirtiendo que la región no puede continuar enfrentando esta violencia en solitario. Diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos han condenado la escalada delictiva y criticado la ausencia del presidente Gustavo Petro en la zona.
El conflicto armado en el Cauca se ha intensificado con la presencia de múltiples estructuras criminales, incluyendo el bloque Jacobo Arenas y otros frentes que controlan rutas de tráfico de oro y cocaína hacia el Pacífico y países vecinos. La Fundación Ideas para la Paz resalta que la violencia se ha mantenido sostenida desde 2018, impulsada por el valor estratégico del territorio.
El comandante del Ejército, Royer Gómez, señala que la sola acción militar no es suficiente para solucionar la crisis y destaca la necesidad de presencia integral del Estado que incluya infraestructura y servicios básicos. Además, menciona la dependencia de algunas comunidades en la economía ilegal y la complejidad social que esto genera.
La desconfianza hacia el Estado persiste en la población indígena, que en muchos casos es víctima del reclutamiento forzado por parte de las disidencias. Expertos en seguridad indican que el control territorial de estos grupos se basa en ofrecer protección y respuestas inmediatas, algo que el Estado no logra cubrir de manera efectiva.
Actualmente, en Cauca existen más de 40.000 hectáreas de cultivos de coca y un aumento en la minería ilegal. La violencia y las extorsiones afectan a toda la población, mientras que para muchas familias la economía ilegal es la única fuente de sustento. Esta realidad compleja dificulta la recuperación de la seguridad y la paz en la región.
El atentado en Cajibío y la situación general en Cauca evidencian un desafío mayúsculo para el Estado colombiano, que debe reforzar su presencia y estrategias para desmantelar las estructuras criminales y atender las necesidades de las comunidades afectadas.