La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó públicamente su preocupación por los sostenidos hechos de violencia política registrados en Colombia en medio del proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. El organismo internacional pidió al Estado colombiano adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y el normal desarrollo de la contienda democrática.
A través de un pronunciamiento divulgado desde Washington, la CIDH señaló que en los últimos meses se han reportado amenazas, atentados y otros hechos violentos contra dirigentes políticos y personas vinculadas a campañas electorales.
Casos emblemáticos de violencia política
- Amenazas denunciadas por Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
- Secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, ocurrido el 10 de febrero.
- Asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes del movimiento Defensores de la Patria, en el Meta.
- Atentado sufrido por el senador Alexander López tras una actividad política.
- Asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático.
Riesgo electoral en 386 municipios
La Comisión alertó que estos hechos se producen en medio de múltiples denuncias relacionadas con el fortalecimiento del control territorial de grupos armados y organizaciones criminales en distintas regiones del país, situación que representa una amenaza directa para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
Citó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales 386 municipios presentan algún nivel de riesgo para el desarrollo de las elecciones. De ellos, 139 están catalogados en riesgo extremo, 122 en riesgo alto y 125 en riesgo medio. Los departamentos con más municipios en riesgo extremo son Cauca y Antioquia, seguidos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.
Medidas de seguridad y llamado de la CIDH
Según información reportada por el Gobierno, desde marzo fueron reforzados los esquemas de seguridad de los aspirantes presidenciales con más de 460 policías, 260 integrantes de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados. Además, más de 11.400 miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad fueron desplegados en diferentes regiones del país.
La CIDH también destacó la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE), el cual ha sesionado en 18 oportunidades y actualmente brinda protección a los 26 candidatos inscritos dentro del proceso electoral.
La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad.
El organismo internacional insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, investigación y protección frente a hechos de violencia política.